La Habana, 27 jun.— Los bolivianos podrán escoger con su voto en septiembre próximo a su nuevo gobierno luego que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, promulgara -tras meses de espera- la ley para la celebración de los nuevos comicios.
La mandataria transitoria que ocupó el poder después del golpe de Estado, perpetrado el 10 de noviembre pasado contra el presidente Evo Morales, admitió que decretó contra su voluntad la normativa para el proceso electoral.
Áñez justificó la demora en convocar a elecciones a una supuesta preocupación por la Covid-19, sin embargo, su administración ha sido objeto de críticas por el mal manejo de la pandemia, lo cual implica falta de test para detectar la enfermedad, carencia de equipamientos de bioseguridad, escaso avituallamiento para el personal de la Salud, entre otras falencias.
Asimismo, su interés por la reactivación económica pone en dudas la preocupación por la propagación del nuevo coronavirus.
Lo cierto es que la gobernante desde su autoproclamación el 12 de noviembre hasta la fecha, ha mostrado evidentes intenciones de seguir en el cargo, lo cual se puso de manifiesto al anunciar su candidatura a la presidencia.
Numerosas voces critican su pretensión de alargar el período de mandato y se basan en primer lugar en la demora para convocar las elecciones cuando esa era su única función después de ser aceptada al frente del Ejecutivo por el resto de los poderes del Estado.
Por otra parte, el gobierno de facto inició una persecución política contra miembros y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), cuya fórmula presidencial, integrada por Luis Arce y David Choquehuanca, encabeza las encuestas.
A poco más de dos meses de los comicios, el peligro rodea al MAS con las amenazas de su proscripción, un no descartable golpe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría de ese colectivo político, y una posible maniobra de sectores reaccionarios para mantenerse en el poder. (Odalys Troya)
