Brasilia, 30 ene.— De nuevo acto de persecución política califican hoy medios periodísticos de Brasil otra acusación de la Fiscalía de Sao Paulo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por el llamado caso del apartamento triplex de Guarujá.
En 2017, Lula fue condenado por el entonces juez Sérgio Moro (actual ministro de Justicia) a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, por ser el presunto propietario de un inmueble en Guarujá, en la costa de Sao Paulo.
Sin embargo, la propiedad, o incluso la titularidad de la misma, nunca fue demostrada por el Ministerio Público Federal (MPF) y el exdirigente obrero terminó siendo condenado por «actos indeterminados».
Ahora nuevamente el MPF denunció a Lula y al coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MTST), Guilherme Boulos, por ocupación de la residencia de Guarujá, el 16 de abril de 2018, por un grupo vinculado a esa organización.
La noticia fue publicada por el periódico O Globo, pero el MPF no dio a conocer información oficial porque el caso estaba siendo manejado bajo el secreto de la justicia.
Para la Fiscalía, el fundador del Partido de los Trabajadores habría alentado la acción por pedir, durante un discurso pronunciado en Sao Paulo en enero de 2018, al «pueblo de Boulos» que invadiera la propiedad de Guarujá.
El portal Brasil 247 alerta sobre esta nueva maniobra a la que llama persecución y la diputada federal Margarida Salomão critica «el tamaño de la hipocresía de ciertas personas en la oficina del fiscal federal».
De manera irónica Lula comentó en el 2018 que «si me condenan, dame al menos el apartamento. Ya le pedí a Guilherme Boulos que enviara a su personal para ocuparlo. Ya que es mío, ocúpate de él».
En la red social Twitter, el líder del MTST vinculó la nueva iniciativa del MPF a la criminalización de la lucha popular, y asesuró que «no nos intimidará ni nos hará callar».
