Al observar imágenes de los niños cubanos resulta evidente la transformación social experimentada por la infancia después de 1959, proceso de desarrollo que ha tenido lugar pese a las severas sanciones impuestas durante décadas por sucesivas administraciones de los Estados Unidos, con el propósito declarado de debilitar la capacidad de Cuba para sostener su proyecto social de desarrollo del capital humano, en el centro de sus prioridades.
Entre etapas de estabilidad y períodos de grandes desafíos, la revolución ha mantenido una voluntad consecuente en la protección de la infancia, que continúa siendo considerada el bien más preciado de la sociedad cubana.
Como expresó el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz: “en lo que más debemos pensar es en los niños de hoy, que son el pueblo de mañana; hay que cuidarlos y velar por ellos como los pilares con que se funda una obra verdaderamente hermosa y verdaderamente útil”.
En contraste con la realidad de numerosos países, y de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más del 20% de los niños en países de ingresos bajos y medios son víctimas de graves privaciones en derechos esenciales como la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento y el acceso al agua potable, sin mencionar a los que mal viven en el llamado “primer mundo”.
Al complejo escenario internacional actual se suma la persistencia de las guerras, las desigualdades económicas y las crisis sociales que amenazan el bienestar de millones de niños y adolescentes, lo que exige una mayor responsabilidad y compromiso de la comunidad internacional para preservar la paz y garantizar el desarrollo sostenible.
Cuba está entre las naciones que continúan apostando por la protección integral de la infancia: en enero de 2026 entró en vigor el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, una norma que fortalece la protección y la participación de niñas, niños y adolescentes como principio transversal de derechos, un instrumento que establece obligaciones para toda la sociedad en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, administrativo y judicial; refuerza la protección frente a todas las formas de violencia, define responsabilidades institucionales y los mecanismos de denuncia, respuesta y seguimiento.
Para la nación, garantizar los derechos, las oportunidades y el bienestar de las nuevas generaciones no constituye únicamente una política social, sino una convicción profundamente arraigada en el proyecto de nación construido por la Revolución que, durante casi siete décadas, y pese a las limitaciones impuestas por el bloqueo, ha mantenido su compromiso de situar a la infancia y la juventud en el centro de sus prioridades como garantía del presente y del futuro de la patria.
