El Consejo Popular es la instancia de gobierno más cercana a la población. No obstante, pese a sus facultades como “órgano local del Poder Popular, que ejerce el control sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local”, en la práctica enfrenta serias limitaciones por no contar con recursos humanos, financieros y materiales.
Esa realidad se evidenció en la reunión del órgano que abarca los barrios de Vista Alegre, Pastorita y Rajayoga, a la que Tvsantiago tuvo acceso este jueves, donde se identificaron problemáticas como violaciones de precios, ventas ilegales, rechazo al comercio electrónico y evidencias de incumplimientos fiscales, irregularidades estas asociadas, en gran medida,
a la negativa de numerosos actores económicos a aceptar pagos por transferencia.
Otro de los temas centrales fue la situación de los servicios de la empresa aguas Santiago, con señalamientos como deficiencias en la reparación de salideros, derrames de agua potable y albañales, así como en la evacuación de fosas, problemáticas unidas al incremento de las arbovirosis que impactan negativamente en el medio ambiente y agravan las condiciones higiénico-sanitarias de la demarcación.
A pesar de este panorama, también se reconoció el esfuerzo de numerosos trabajadores que, con responsabilidad y compromiso, buscan soluciones en medio de las limitaciones, según lo destacó Maira Paneque Gómez, presidenta
del consejo, quien subrayó que “las cosas pueden hacerse de mejor manera” si se actúa con sistematicidad: “la alternativa es resistir y buscar soluciones, aunque sean transitorias”, afirmó.
Durante el intercambio, los delegados de las seis circunscripciones expusieron las dificultades que enfrentan en su labor porque son ellos quienes dan la cara ante los electores y en muchas ocasiones no pueden ofrecer respuestas precisas debido a la falta de atención de algunos administrativos a los planteamientos de la población, e insistieron en la necesidad de actuar con mayor exigencia.
Los recursos para satisfacer “las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población” están en manos de empresas, unidades presupuestadas y entidades, que deciden cuándo y cómo emplearlos; de ahí que, el papel del consejo popular se limita a “exigir eficiencia y apoyar, en lo posible, su realización, control y fiscalización”, funciones que podrían ser suficientes si se ejecutaran de manera efectiva.
