Autor: Carmen Maturell Senon
Acompañado por cambios en la organización social, el Estado cubano ha logrado mantener acciones que benefician y atienden a personas en situación de vulnerabilidad, enmarcado en principios de inclusión, equidad y justicia social.
En ese camino, que actualmente posee un enfoque distributivo y redistributivo, en un escenario caracterizado por la contracción del número de nacimientos, el envejecimiento poblacional y el movimiento de personas hacia el exterior, se ha asumido la atención a la vulnerabilidad desde la asistencia social y el trabajo de cuidados.
Sin embargo, en palabras de María del Carmen Zabala Arguelles, profesora titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en su diálogo con Granma, «urge diversificar y ampliar los servicios existentes».
Para la también coordinadora del área de investigación Desigualdades sociales y políticas de equidad, la vulnerabilidad se define como la situación que limita o dificulta la capacidad de una persona, familia, grupo o comunidad para lidiar y recuperarse del efecto de una amenaza, ya sea natural, económica, social, o de salud; así como aprovechar las oportunidades disponibles en cada territorio y distintos ámbitos socioeconómicos, para garantizar su subsistencia y calidad de vida.
«Los perfiles de personas, hogares o comunidades en situación de vulnerabilidad se asocian a condiciones de morbilidad, edad, color de la piel, condición y posición de género, discapacidad, situación económica, capital cultural asociado a los procesos de violencia, discriminación.
«En todos los casos, se ha de tener en cuenta la posible existencia de múltiples vulnerabilidades y discriminaciones, el carácter permanente o transitorio de estas situaciones, y la reproducción intergeneracional».
–¿Qué características presentan las vulnerabilidades en Cuba?
–Se caracterizan por las situaciones o riesgos que afectan la calidad de vida y bienestar de las personas. No obstante, se presentan desventajas en cuanto a mujeres –en particular, las jefas de hogares monoparentales con varios hijos–, personas de color de la piel negro y mulato, personas mayores, territorios con bajo desarrollo socioeconómico, zonas rurales, trabajadores informales, migrantes, entre otros.
«En ese sentido, existen políticas y programas sociales que ofrecen niveles de protección social, a pesar del deterioro en la eficacia de algunos de ellos y los problemas en la accesibilidad a los servicios».
Según explicó, en agosto del año 2021 fue aprobada la Política para la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad social. A su juicio, esta parte de un concepto de vulnerabilidad que abarca múltiples dimensiones con un enfoque de derechos y orientada al desarrollo de capacidades, en contraste con el tradicional tratamiento asistencialista.
De manera específica, la política está conducida a las personas con discapacidad y mayores viviendo solos con bajos ingresos, deambulantes, víctimas de violencia, migrantes sin dirección oficial en el lugar donde viven, personas que egresan de centros penitenciarios o cumplen sanción en libertad. Así como, hogares monoparentales femeninos, hogares en condiciones precarias habitacionales, y comunidades con problemáticas sociales y con limitaciones en infraestructura en la que se interceptan varios ejes de exclusión.
Zabala Arguelles explicó que, con la aprobación de esta norma, se perfeccionan y amplían los servicios sociales ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss).
«Se prevé el perfeccionamiento de las Casas de Orientación a las Mujeres y las Familias; la protección a las madres trabajadoras con hijos con discapacidad severa; la prestación monetaria temporal; asistencia social a domicilio; pago del servicio de la transportación para recibir atención médica especializada fuera del territorio de residencia; el pago del consumo eléctrico a pacientes con enfermedades crónicas para mantener la vitalidad en su domicilio, y otros servicios que ya existen».
Asimismo, la investigadora de Flacso enfatizó en la creación de nuevos servicios, según la asistencia para cubrir necesidades básicas, la inclusión social y la donación de recursos para ganar autonomía y superar la dependencia de la asistencia social.
«El primero, que se centra en las prestaciones monetarias y entrega de recursos, incluye servicios de cuidados, elaboración de alimentos y de protección a deambulantes.
«El otro abarca las agencias de gestión de información y formación para empleos, entrenamiento e inserción laboral para personas con discapacidad, acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad en los procesos de construcción o reparación de viviendas, orientación sicológica personal y familiar, y consejerías para la atención a mujeres en situación de violencia. Y el siguiente, aún en proceso de implementación, comprende microcréditos, donación de activos y usufructos».
–¿En qué perspectiva considera que debe continuar el programa de atención a personas vulnerables, para una mejor atención?
–Dado que el objetivo de la política es prevenir, atender y transformar situaciones de vulnerabilidad –permanentes o transitorias– desde una visión de desarrollo integral, se debe seguir trabajando en los desafíos para su sostenibilidad.
«Eso incluye la diversificación y ampliación de los servicios sociales comunitarios, con énfasis en el desarrollo de las capacidades para las personas, de manera que se transformen las situaciones que propician la reproducción y la transmisión intergeneracional de las situaciones de vulnerabilidad y pobreza.
«También se requiere identificar a los beneficiarios de la política, según los indicadores definidos a partir de un riguroso y transparente proceso. Además, hay que lograr la integralidad, involucrando a los diferentes sectores y actores de la sociedad».
DATOS SOBRE PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
- De los 186 707 núcleos familiares protegidos por la asistencia social, existen 324 140 personas beneficiarias.
- Se brinda asistencia social a domicilio a 18 448 personas, que pueden estar en situación de discapacidad o tener limitado el acceso a los servicios
- Existen 3 650 madres protegidas que tienen hijos/hijas con discapacidad severa, a las que se le presta un beneficio económico.
- 309 037 personas reciben prestación monetaria.
- A 22 394 personas se les entrega recursos de primera necesidad como cama, ropa, calzado, utensilios de cocina…
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
