Roma, 13 ene.— Sorpresa y frustración prevalecen hoy entre grupos de derechos humanos, tras la oposición del ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, a extraditar a Argentina al clérigo Franco Reverberi, acusado de crímenes durante la dictadura.
De acuerdo con un análisis publicado este sábado en el sitio digital del diario Il Manifesto, causa conmoción la postura de Nordio contra el traslado a esa nación sudamericana del ex capellán militar de origen italiano, para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, pues parecía decisivo un fallo en ese sentido del Tribunal de Casación.
Luego de un proceso judicial que se extendió durante 12 años, en el mes de julio de 2023 la Corte de Apelación de la norteña ciudad de Bolonia aprobó la extradición del sacerdote, de origen italiano, presunto participante en el asesinato, en 1976, de José Guillermo Berón, un militante peronista de 22 años, así como en actos de tortura.
En octubre del pasado año el Tribunal de Casación italiano se opuso a un recurso presentado por los abogados de Reverberi, y confirmó la decisión de la corte boloñesa, por lo que solo restaba, de acuerdo con las leyes de este país, la aprobación por Nordio de la decisión judicial.
Sin embargo, lo que parecía una formalidad acabó por paralizar este proceso, pues el ministro consideró que dada la avanzada edad del religioso, de 86 años, y sus presuntos problemas cardiacos, su traslado a Argentina podría tener “consecuencias fatales”, según señala el documento.
Durante la dictadura militar argentina, de 1976 a 1983, Reverberi fue el capellán del VII Escuadrón de Exploradores de San Rafael, en la ciudad de Mendoza y, según la acusación, participó en torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Casa Departamental.
El proceso en su contra comenzó en 2010 cuando la Fiscalía de Mendoza solicitó una investigación de esos hechos, que le fue concedida al año siguiente, cuando el vicario ya llevaba meses en Italia, radicado en Sorbolo, provincia de Parma, donde nació en 1937. En 2012 la justicia argentina solicitó su extradición y el pedido llegó a Roma en 2013.
En su dictamen para argumentar su posición contraria a ejecutar la decisión del Tribunal de Casación, el ministro de Justicia italiano argumentó que “la perspectiva de no volver nunca más a territorio italiano” podría causar a este sacerdote un “importante estrés psicológico”.
Ahora Argentina deberá decidir si impugna la decisión de Nordio ante los tribunales italianos, algo improbable dado el hecho de que el nuevo gobierno de esa nación, presidido por Javier Milei, cuestiona el consenso sobre los crímenes de la dictadura y justifica los mismos, agrega la fuente.
