Resaltan papel del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo

La Habana, 23 sep.— El nuevo Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo constituye un paso de avance en la planificación de ciudades y territorios y su conversión en espacios que combinen modernidad, tradición y el respeto al medio ambiente.

Anelis María Marichal González, directora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del extinto Instituto de Planificación Física (IPF), dijo hoy en la Mesa Redonda que con la estructura que nace se espera mayor participación ciudadana en el ordenamiento urbano y territorial.

Detalló que son tres las metas del Instituto, la primera es elevar la jerarquía del sistema de planes de ordenamiento territorial y urbano, en aras de reforzar los instrumentos a nivel municipal.

Las delegaciones provinciales y direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo se organizan verticalmente en toda la nación, subordinadas al Instituto Nacional, y son independientes de todo órgano local.

Pese a ello, corresponde a los gobiernos conducir los planes de ordenamiento territorial e integrar a la ciudadanía en el proceso, agregó la funcionaria.

Opinó que otro desafío es la digitalización de los servicios a la población, un indicador en el que se avanza de manera paulatina con la integración a la plataforma web Bienestar.

Mejorar los sistemas de control e inspección es otra de las metas propuestas, y al decir de Marichal González también se atiende la capitación de los recursos humanos con la creación de dos escuelas filiales (en Villa Clara y Holguín) a la ubicada en La Habana.

El General de División Samuel Carlos Rodiles Planas, presidente del IPF, precisó que el país cuenta con un esquema de ordenamiento territorial y urbanismo que articula el cumplimiento de los compromisos con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

El decreto-ley 42 del Consejo de Estado dispuso la creación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, cuya misión es proponer la política del Estado y del Gobierno en materia de ordenamiento territorial y urbanismo, su gestión, los aspectos de diseño y la arquitectura, relacionado con el urbanismo y el catastro.

Con la normativa se estableció que los recursos humanos, materiales y financieros asignados al extinto IPF y sus direcciones municipales y provinciales, se traspasan al nuevo órgano. (Daniella Pérez Muñoa)

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