La Habana, 1 ago.— Una demanda interpuesta contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumenta que agentes federales desplegados en Portland, Oregón, violaron los derechos constitucionales de participantes en protestas contra el racismo y la brutalidad policial.
Según la acción legal, presentada por la organización sin fines de lucro Protect Democracy a nombre de algunos ciudadanos y de dos grupos locales, las fuerzas enviadas por el Ejecutivo dispararon gases lacrimógenos, gas pimienta, granadas de destello y otras municiones menos letales contra manifestantes pacíficos.
La queja, la cual acusa a los oficiales de arrestos ilegales, uso de fuerza excesiva y de restringir la libertad de expresión, se emitió luego de días de muchas críticas contra Trump por su decisión de enviar a esos agentes a la ciudad para detener las protestas que siguieron a la muerte del afronorteamericano George Floyd a manos de la policía, a finales de mayo.
El Gobierno sostuvo que el despliegue de efectivos del Departamento de Seguridad Nacional tenía el propósito de proteger edificios y monumentos federales, pero las autoridades locales se quejaron de que esos oficiales exacerbaron las tensiones en las calles al arrestar sin causa probable a manifestantes y trasladarlos en carros sin identificar.
A pesar de las condenas generadas por la situación en Portland y del rechazo expresado de antemano por funcionarios de ciudades importantes, Trump anunció el 22 de julio que mandará a cientos de federales para enfrentar un aumento de la violencia en otros lugares como Albuquerque, Chicago y Kansas City.
El envío de tales fuerzas para ayudar a las localidades a combatir la criminalidad no es raro en el país, pero provoca mucha preocupación el carácter político que puede tener esta medida, sobre todo después de lo sucedido en Oregón, y de que el presidente remarcara su interés en dar ese paso en sitios donde hay líderes demócratas.
Funcionarios de Albuquerque, Nuevo México, dijeron que no habían solicitado asistencia federal y expresaron el temor de sufrir el mismo destino que Portland.
‘No hay lugar para la policía secreta de Trump en nuestra ciudad’, sostuvo el alcalde de Albuquerque, Timothy Keller, quien calificó la acción de truco político.
Por su parte, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que la ciudad recibirá el tipo de recursos federales con los que ha trabajado en el pasado para ayudar a combatir los delitos violentos, pero agregó que no permitirá un despliegue al estilo de Portland, y acusó al presidente de tratar de desviar la atención de su liderazgo fallido contra la pandemia de la Covid-19.
(Tomado de Orbe/ Por Martha Andrés Román)
