El subdirector general de la Dirección de Estados Unidos del Minrex, Alejandro García del Toro, lo definió en síntesis meridiana al explicar el alcance de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el primero de mayo, tras materializarse el gigantesco desfile popular en todo el archipiélago cubano:
«Hay un elemento clave que distingue a esta nueva disposición de todas las anteriores: la aplicación abierta y directa del carácter extraterritorial de las medidas coercitivas estadounidenses, algo que alcanza con esta orden extremos realmente nunca antes vistos en la legislación estadounidense”.
La nueva orden ejecutiva implica una vuelta de tuerca sin precedentes al cerco económico, comercial y financiero contra Cuba, que sobrepasa el contenido de cuantas medidas ha dictado hasta ahora Estados Unidos en tal sentido.
Para que se tenga una idea: hasta el presente se trataba de impedir las exportaciones cubanas y las inversiones a través del chantaje y las maniobras de intimidación a terceros; ahora la acción intimidatoria es de carácter directo.
Pero esta novedad incluye algo mucho más grave, establece, adicionalmente, que no hay necesidad de notificar a los afectados. Como ha aclarado el Minrex: “Alguien, una empresa que tenga un vínculo o que exporte algún producto a Cuba, no tiene necesariamente que ser notificado para que sus activos, sus cuentas en bancos estadounidenses o sus negocios en Estados Unidos sean retenidos o sean bloqueados”.
En el desespero por asfixiar económicamente a esta nación, el miserable panfleto intimidatorio y anulador de la capacidad de nuestro país para relacionar su sistema bancario y sus vínculos económicos con el resto del mundo tiene vigencia desde el mismo primero de mayo.
Como puede apreciarse en el contenido de la nueva orden del mandatario estadounidense, desde Washington ya no se intenta disfrazar la vieja política de destruir la producción y dominar la estructura económica cubana. El objetivo está claro, tal como lo ha definido el Minrex: tomar el control a mediano plazo.
