El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó hoy que con el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, se asegura que cada recurso del suelo venezolano se traduzca en bienestar para el pueblo.
En mensaje en su cuenta de Telegram, el diputado del Bloque de la Patria (oficialista) aludió a la sesión ordinaria de la víspera donde abordaron en debate los artículos que establecen las bases para “la creación de empresas mixtas; las garantías de protección ambiental y la sustentabilidad del sector”.
El legislador escribió anoche en la misma plataforma que fue una jornada de “intenso debate legislativo”, en el que avanzaron en la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas, que fuera propuesto por la mandataria encargada Delcy Rodríguez.
Subrayó, al respecto, que lograron avanzar en la aprobación de más artículos que “fortalecen la soberanía de nuestros recursos”.
A juicio del titular del Poder Legislativo, este instrumento legal es fundamental para impulsar el desarrollo económico nacional y modernizar el marco jurídico de la actividad minera.
Ayer la Asamblea Nacional avanzó en la aprobación por unanimidad de otros 60 artículos en la segunda discusión del Proyecto de Ley de Minas, para totalizar en 115 de los 130 con que cuenta la normativa jurídica.
En la sesión ordinaria -tercera en que se analiza la norma- los legisladores debatieron sobre parte del capítulo dedicado al Régimen Sancionatorio de este instrumento legal, de los cuales resultaron validados 12 de los 18 artículos que constituyen ese Régimen.
Una nota de prensa del parlamento indicó que este castiga a quienes operen al margen de la ley.Asimismo, destaca la explotación de minerales sin la debida habilitación minera, que conllevará al pago de una multa por “hasta mil veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, publicada por el Banco Central de Venezuela”.
Ejemplificó con el artículo 114 que penaliza “el retardo o la omisión en la entrega de informes y planes requeridos por las autoridades” con multas de 500 y hasta mil unidades de la moneda de mayor valor, dependiendo de la gravedad de la falta.
Este Proyecto de Ley fue sometido a consultas públicas con trabajadores del sector minero en el estado de Bolívar (sur), uno de los de mayor potencial extractivo en el país.
Entre sus principios establece que el derecho de propiedad de los yacimientos recae solo en la República y considera los depósitos “bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles”, según su artículo tres.
Estipula que la gestión y rectoría de los recursos minerales competen solo al Gobierno nacional a través de la cartera correspondiente y propone la creación del Fondo Nacional Minero con el objetivo de obtener recursos destinados a proyectos sociales.
