La destitución de un viceministro en Bolivia y la aprehensión preventiva por 120 días del juez Hébert Zeballos, investigado en el expediente penal narcomaletas, confirman que este escándalo sacude al Gobierno y a la justicia.
Por Jorge Petinaud MartínezCorresponsal jefe en Bolivia
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, confirmó la defenestración del vicetitular de Régimen Interior, René Calla, debido a una reestructuración; sin embargo, previamente dio a conocer que este dio información errada respecto a la investigación del caso presentado ante la prensa con la denominación de “Maletas”.
Por primera vez, Oviedo se pronunció ante la prensa en una declaración leída respecto al escándalo que detonó hace una semana, cuando se filtraron vídeos de la exdiputada Laura Rojas, quien recogió 31 maletas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, con el empleo de un pasaporte diplomático que ya no le correspondía.
En el transcurso de las pesquisas, un juez determinó, en audiencia de medidas cautelares, 180 días de detención preventiva en el penal cruceño de Palmasola para la también candidata a concejal, de cara a los comicios subnacionales de marzo próximo.
Consultado por los periodistas, el titular confirmó la destitución de Calla y dijo que el exviceministro le dio a conocer el caso de las maletas cuando la investigación ya estaba en marcha desde la primera semana de diciembre de 2025.
“Él indica que el 15 de diciembre me había dado esta información -describió Oviedo-, es mentira (…) porque el 15 de diciembre la investigación ya estaba en curso. Ha sido desafectado por razones de reestructuración, que estamos iniciando en todo el ministerio”, sostuvo.
Aclaró la autoridad que el Gobierno recibió esta información en la primera semana de diciembre y que, producto de eso, “se instruyó a los organismos dependientes de la Policía Boliviana, Inteligencia (y) la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, para que empiecen a realizar las investigaciones correspondientes”.
Explicó que hasta el momento se avanza en procesos investigativos que dieron indicios sobre la vinculación de la exdiputada y un juez, aparentemente con mayor responsabilidad en este asunto, así como del involucramiento de empresas.
“Nosotros hemos mantenido una reserva del caso por responsabilidad, para que las investigaciones vayan avanzando y den resultado”, argumentó al referir el propósito de respetar la independencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial, “sin proteger ni encubrir a persona alguna”.
LOS APREHENDIDOS
El ministro informó que, como resultado de las actuaciones en curso, están aprehendidos un juez, una exdiputada y funcionarios de la Aduana Nacional, investigados sobre la base de la normativa vigente.
Precisó que permanecen detenidos el cuidador del galpón donde se depositaron las 31 maletas y en el cual fueron ocupados cerca de 80 kilogramos de sustancias prohibidas; el juez Zeballos, la exdiputada Rojas, funcionarios aduanales y tres judiciales.
Según Oviedo, se estableció que la exlegisladora empleó un pasaporte ordinario y otro diplomático en dos momentos diferentes al recoger los bagajes.“(…) Al momento de pasar las maletas hizo uso de un pasaporte diplomático.
Migración ha reportado eso con todos los detalles, fotografías y filmaciones correspondientes”, refirió.
Insistió el ministro en que las pesquisas están en manos de la fiscalía y de la instancia jurisdiccional, y abogó por que quienes resulten aprehendidos no sean liberados en al menos seis meses.
COB Y VICEPRESIDENTE SUBEN LA VARILLA
En contraposición al Gobierno, el secretario general de La Central Obrera Boliviana (COB), Claudio Choque, demandó que el presidente Rodrigo Paz y su ministro de Gobierno sean incorporados por la fiscalía, sin privilegios, como investigados en el expediente del caso.
“La pregunta es por qué el presidente no denunció en su momento, si tenía conocimiento de las maletas. Tiene que dar una explicación clara al pueblo boliviano”, criticó Choque ante los periodistas.
Opinó el dirigente sindical que el silencio de las autoridades genera sospechas y debilita la credibilidad gubernamental en su discurso de lucha contra la corrupción.
Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, en un contexto de ataques al Ejecutivo encabezado por Paz, consideró que “estamos en un narco Estado, el Gobierno protege a los narcotraficantes y da cobertura para que hagan lo que les da la gana en nuestro país”.
Al respecto, Oviedo respondió que un narco Estado no toma presos a exjueces, exdiputados y a candidatos a concejales.
