La Paz, 6 sep.— En la semana que concluye, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue beneficiado por el Ministerio Público de Bolivia mediante una resolución de sobreseimiento a su favor dentro del denominado caso “Notaría”.
septiembre 6, 2025 | 00:13Dentro de este expediente se investigaban los presuntos delitos de falsedad ideológica y usurpación de funciones.
La fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, concluyó que no existen elementos suficientes para sustentar una acusación formal contra Camacho.
«Resuelve el sobreseimiento a favor de Gina María Talavera Chávez y Luis Fernando Camacho Vaca por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica (Art. 199 Código Penal) y Efraín Freddy Suárez Chávez, por la presunta comisión del delito de Usurpación de Funciones (Art. 164 CP, modificado por la Ley 004 y 1390) (…)”, afirma la resolución.
Añade el documento circulado a medios de comunicación que la decisión se toma toda vez que los elementos de prueba son insuficientes para fundar una acusación en su contra.
Con esta determinación, el proceso legal queda cerrado sin llegar a juicio, conforme el procedimiento penal vigente.
Este expediente fue iniciado en agosto de 2024 por una denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Señalaba la denuncia una supuesta falsificación de la firma del gobernador Camacho en un poder notarial emitido en agosto de 2023.
De acuerdo con la denuncia, el documento otorgaba poder a dos funcionarios de la Gobernación —Carlos Andrés Centenaro y Vanessa Eguez- mientras el gobernador se encontraba privado de libertad en el penal de Chonchocoro, por lo cual no habría podido comparecer físicamente ante una notaría en Santa Cruz, como indicaba el acta.
Sin embargo, según la fiscalía, tras la etapa investigativa, no se reunieron pruebas suficientes para demostrar la participación directa o conocimiento de Camacho en los hechos denunciados.
El 29 de agosto último, Camacho salió del encarcelamiento preventivo que cumplía en la prisión de Chonchocoro, departamento de La Paz, favorecido por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) boliviano.
Tras una indicación emitida por el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, en relación con el caso Golpe de Estado I, otros tribunales determinaron detención domiciliaria y libertad por otros tres expedientes penales.
Luego de 974 días de aprehensión preventiva, Camacho abandonó el recinto penitenciario portando la banda de gobernador y enarbolando una bandera de Santa Cruz, acompañado por su abogado, Martín Camacho, y el vicepresidente de su agrupación política Creemos, Efraín Suárez.
Luis Fernando Camacho fue llevado al Aeropuerto Internacional de El Alto, y allí abordó un vuelo chárter con rumbo a Santa Cruz, donde los cívicos y afines a su partido lo recibieron con vítores.
Dentro del expediente Golpe de Estado I, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, cambió la detención preventiva por arresto domiciliario con derecho a ejercer sus funciones laborales.
Sin embargo, el proceso penal continúa, como recordó el procurador general del Estado, Ricardo Condori, quien enfatizó en que el fondo del caso aún debe resolverse en juicio oral.
En este expediente, se investiga el complot que forzó la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata, con saldo de 38 muertos, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
Camacho también logró la libertad en los casos Decretazo, Carro Bombero y Paro de 36 días.
Todas estas coincidentes decisiones judiciales se dieron tras el instructivo emitido por el presidente del TSJ de revisión de los plazos de detención preventiva de Camacho, el excívico Marco Pumari y la exgobernante de Facto (2019-2020) Jeanine Áñez.
Dentro de este contexto, el jefe de Bancada Nacional del Movimiento al Socialismo, José Luis Flores, anunció la presentación de una denuncia formal contra Saucedo ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados para iniciarle juicio de responsabilidades.
