Autor: Leidys María Labrador Herrera
Las Tunas.– A la altura del mes de mayo, publicamos en este diario una información referente a la terminación en Las Tunas de la primera fase del cambio de matriz energética para estaciones de bombeo en comunidades rurales, apartadas, e incluso, de difícil acceso.
Feliz noticia, sí, indiscutiblemente, sobre todo porque muchas de estas zonas llevaban años sin recibir el servicio, y fue esta una alternativa viable que, aunque costosa para el país, da respuesta a una preocupación prioritaria y constante para la población, como lo es el acceso al agua potable.
Dicho esto, vamos al verdadero objetivo de estas letras, que no es tan halagüeño como lo fue la citada información, aunque tiene total relación con el tema.
Apenas a seis meses de culminada la tarea, ya se han manifestado, en varios municipios tuneros, hechos delictivos contra los módulos instalados. Hasta el momento, la única alternativa ha sido la reposición, allí donde se ha logrado disponer del recurso faltante; pero otros lugares no han corrido la misma suerte. En ningún caso, hasta ahora, se han podido recuperar los recursos sustraídos, ni identificar a los autores de los hechos.
Sin embargo, aunque parezca contradictorio, no es eso lo más preocupante, sino el hecho de que no existe personal contratado para velar por estos recursos las 24 horas y, siendo transparentes, tampoco todas las comunidades se han involucrado seriamente en la protección de sus sistemas de bombeo.
UNA NECESIDAD, UNA RESPUESTA
La instalación de módulos de bombeo que funcionan con energía solar fotovoltaica fue una política aprobada por el país por varios motivos. Primero, para dar respuesta a las necesidades que, en materia de acceso al agua potable, tiene un número significativo de comunidades aisladas y de difícil acceso en Cuba.
Segundo, porque la sustitución de fuentes de energía fósiles, por renovables, constituye una prioridad en las aspiraciones cubanas de cambiar, paulatinamente, la matriz energética de la nación en un alto porciento.
Por otra parte, los bombeos existentes en muchas de esas comunidades, eran ya demasiado antiguos, estaban deteriorados o rotos sin solución.
Por ese concepto entonces, y tras un grupo de estudios para determinar los lugares donde serían instalados los equipos de bombeo, se ubicaron en la provincia de Las Tunas 144, para beneficiar a 48 716 personas.
Sin embargo, lamentablemente, a menos de cuatro meses de instalados, ya se han cometido ocho hechos delictivos, específicamente de hurto, contra estas estaciones de bombeo, varias de las cuales han sido paralizadas por esa situación, ante la falta de recursos para reponer los sustraídos.
Sin embargo, no se ha logrado un consenso en materia del cuidado de estos, y de las responsabilidades puntuales que a cada quien corresponden en función de proteger estos valiosos recursos.
UN GATO TODAVÍA SIN CASCABEL
Los hechos se reportan en los municipios de Puerto Padre, Colombia, Jobabo y Majibacoa y, lógicamente, han tenido una repercusión muy negativa en un proceso que aún recibe el beneficio de inversiones para garantía de sus cercas perimetrales, pintura y otras condiciones.
Aunque existen operadores para estas estaciones, Oscar Carralero Suárez, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, explicó que no cuentan con el personal necesario y el presupuesto para garantizar el cuidado de las estaciones de forma permanente.
Señaló, además, que es un asunto sensible, pues en muchos casos la comunidad dice, con cierta razón, que no les corresponde el cuidado de los emplazamientos.
«Inicialmente nos robaron el equipo de bombeo de la comunidad de Santa Bárbara, en Puerto Padre; después el de la comunidad Sexto Congreso, en Colombia. Luego se nos dieron tres hechos más, en Colombia, también en la Comunidad de Leningrado robaron la bomba, en la comunidad de Loma Alta en Jobabo, y en Puerto Carúpano, en Puerto Padre. Los restantes han sido robos de otros componentes, también importantes para el funcionamiento de las estaciones.
«Nosotros, como empresa, hemos buscado reforzar la seguridad de los equipos. También hemos hecho actas de cooperación con los vecinos, con entidades ubicadas en esas zonas. Pese a todo eso, no hemos podido evitar los robos, y en todos los casos, tanto equipos de bombeo como componentes electrónicos están deficitarios, lo que implica que la comunidad, lamentablemente, vuelve al punto inicial. Solo hemos podido reponer dos».
Tal y como señaló el directivo, Jobabo, ha sido uno de los municipios afectados por estos hechos, y allí fueron instalados 25 de estos módulos.
Yordi Agüero, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en esa localidad, declaró a Granma, que el llamado consiste en que el operador de la estación y la comunidad tengan un vínculo lo más estrecho posible. «Ellos son los responsables de su funcionamiento, del cuidado de la estación, pero a nosotros, desde la comunidad, nos toca prever, cuidar. Tenemos también un papel decisivo para evitar que hechos como estos se repitan».
Por su parte, Marciano García García, jefe de Mantenimiento de la unidad empresarial de base de Acueducto y Alcantarillado del propio municipio, señaló que, por ejemplo, en la comunidad de la Canoa, afectada por el robo de un componente técnico, se buscó una alternativa y sigue funcionando, pero lo más importante es que, a raíz del hecho, los factores comunitarios reorganizaron la guardia cederista, y ahora se han convertido en los principales protectores de ese bien social.
Granma llegó también hasta la zona costera de Carúpano, en Puerto Padre. Allí, el robo de la bomba determinó la paralización del sistema. De la situación existente, dialogamos con la delegada, Miriam Sanz Cabaza.
«Realmente hoy tenemos una situación muy compleja aquí en la comunidad. Aquí ese sistema no tuvo el impacto esperado, sinceramente. Se sustituyó el anterior que daba agua a la comunidad completa, y cuando se puso el de paneles solares, realmente llegaba el agua solo a unas pocas viviendas. No obstante, en menos de cuatro meses se robaron la bomba, desmontaron todo, y ahora ni lo uno ni lo otro. Si no fuera por las lluvias de estos días, todo sería mucho más complicado».
En opinión de la Delegada, no hubo allí seguridad suficiente para proteger el equipo. Señaló, además, que hay varias instituciones con guardias a la redonda, pero aun así, se cometió el hecho.
LA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LOS CRITERIOS
Estos sistemas constituyen módulos que llegaron al país con todos sus componentes; por lo tanto, no es posible quitar uno para poner a otro, y tampoco existe una disponibilidad de recursos a la espera para sustituir de inmediato lo que se deteriore o se pierda.
Esta, como muchas otras, es una problemática que necesita de trabajo mancomunado para su solución. De lo contrario, estará el recurso popular a merced del delito, y la población, en definitiva, cargará con el peso de ese acto.
Lamentablemente, los hechos no han podido ser esclarecidos, y mientras se definen estrategias de responsabilidad, y los criterios al respecto se mantienen, en muchos casos divididos, en cualquier momento otra comunidad pudiera quedar sin el servicio, y el país con una inversión perdida.
EN CONTEXTO:
La instalación de 1 312 equipos de bombeo, con una potencia de diez kilowatts, forma parte de la proyección de 19 empresas de Acueducto y Alcantarillado, pertenecientes a la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) Agua y Saneamiento, que avanzan en el cambio de la matriz energética.
La última parte del programa, prevista para 2025, consta de 446 equipos, y tendrá como beneficiarios a los clientes de las empresas de Aguas de La Habana, Mayabeque, Aguas del Oeste (también de Mayabeque), Varadero, Camagüey; Guardalavaca, en Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, y el municipio especial Isla de la Juventud, amplió Labrada Gómez.
