Bogotá, 16 ene.— El viceprocurador general de Colombia, Juan Carlos Cortés, llamó a alcaldes y gobernadores a incluir en los planes de desarrollo territorial medidas encaminadas a la protección de líderes sociales, quienes hoy siguen siendo víctimas frecuentes de la violencia.
«Qué más importante puede ser para una acción territorial que garantizar la defensa de la vida, del liderazgo social, de la participación política y de la participación de las comunidades más afectadas por la violencia», expresó.
Cortés también pidió que esos planes de desarrollo estén alineados con las acciones del Gobierno Nacional y destacó el apoyo de la cooperación internacional encaminada a respaldar la labor de protección a la vida e integridad de los líderes.
Agregó que la Procuraduría continuará en una rigurosa vigilancia a las acciones del Gobierno Nacional para la protección de esos activistas, especialmente en la región del Pacífico colombiano.
Por su parte, el defensor del Pueblo en Colombia, Carlos Negret, precisó recientemente que en los últimos cuatro años fueron asesinados más de 500 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Negret enfatizó que son unos 555 homicidios en los últimos cuatro años «que le dejan una honda herida a los derechos humanos y a la democracia».
En opinión del Defensor, «se trata de vidas que estaban dispuestas a la causa de la construcción de nuestra nación».
Asimismo, dijo que en medio de esas cifras tiene una especial preocupación por la violencia contra las defensoras de derechos humanos y lideresas sociales.
Me preocupa especialmente el caso del departamento de Putumayo, donde están presionando a las mujeres que lideran causas como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y que se han opuesto a la presencia de actores armados en sus territorios, subrayó.
A su juicio, «una solución para frenar la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales, está en las autoridades estatales, que debemos actuar con celeridad y diligencia».
La solución también está en la sociedad que debe reconocer la labor de esos activistas, protegiéndolos sin estigmatizarlos, expresó.
De esta manera, podremos avanzar hacia el ideal de un Estado con instituciones fuertes y una sociedad civil con garantías para promover los intereses de sus comunidades, manifestó.
Diferentes fuentes coinciden en que, en los pocos días transcurridos del año en curso, fueron asesinados cerca de 20 líderes sociales en el país.
