Las tensiones globales, impulsadas por el afán de una minoría por acumular riquezas y poder, junto con el endurecimiento extremo del bloqueo estadounidense durante la administración de Donald Trump, afectan la disponibilidad de recursos y el acceso a bienes y servicios esenciales y complican, de manera particular, la situación alimentaria en Cuba.
Y esta imagen no es reciente: antes del triunfo de la Revolución la precariedad alimentaria afectaba a amplios sectores de la población cubana, realidad denunciada en 1953 por el comandante Fidel Castro Ruz en su alegato La Historia Me Absolverá, en el juicio tras el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, bastiones militares del dictador Fulgencio Batista en el Oriente del país.
Después del triunfo revolucionario y más de seis décadas de esfuerzo, los resultados aún no alcanzan las metas deseadas, lo que se debe, en gran medida, al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, que ha limitado el acceso a recursos e insumos agrícolas y generado desmotivación en el trabajo de la tierra, dificultades a las que se suman deficiencias en los sistemas de contratación y acopio, obligando a Cuba a destinar cuantiosos recursos, hoy muy limitados, a la importación de alimentos.
En este contexto, garantizar una oferta estable de viandas, granos, carnes y frutas, requiere intensificar el trabajo productivo y seguir promoviendo, y alcanzar con la mayor brevedad, una cultura orientada a la producción interna, proceso en el que las empresas agropecuarias estatales, junto a los campesinos y usufructuarios, desempeñan el papel determinante.
A la par, el desafío que enfrenta el país en materia de seguridad y soberanía, exige un equilibrio entre desarrollo económico y defensa nacional, donde la producción de alimentos y la capacidad de protección de la nación se conciben como objetivos complementarios interdependientes, y esenciales para el bienestar colectivo.Se sabe que a nivel global el acceso a los alimentos sigue siendo un reto, incluso en naciones sin restricciones externas directas.
En el caso de Santiago Cuba, las limitaciones derivadas del relieve montañoso, son un desafío adicional, sin embargo, el aprovechamiento de sus escasas tierras cultivables, junto al fomento de cultivos en parcelas y patios, ofrece alternativas viables para fortalecer el abastecimiento local y aliviar, aunque sea parcialmente, las dificultades alimentarias actuales.
El reto es económico, social y estratégico: cada hectárea cultivada y cada esfuerzo productivo contribuyen no solo a garantizar alimentos, sino a fortalecer la autonomía del país frente a presiones externas.
La política para transformar la estructura agraria y la producción nacional se convierte en un pilar de la soberanía, la justicia social y la equidad.
