Por Pedro Rioseco*/Colaborador de Prensa Latina
Hace 130 años, el 16 de septiembre de 1895, fue aprobada en Jimaguayú, provincia de Camagüey, la Carta Magna de la República de Cuba en Armas, que dio base jurídica al movimiento revolucionario contra el colonialismo español.
Consolidada la guerra contra el colonialismo español en Oriente, Camagüey y Las Villas, durante los días 13 y 16 de septiembre de 1895, se reunieron en los campos de Jimaguayú, histórico sitio de la demarcación camagüeyana, los representantes de los cubanos en armas para establecer las normas jurídicas de la Revolución hasta obtener la victoria.
Fue el Generalísimo Máximo Gómez quien escogió ese lugar, donde en 1873 había caído en combate por la libertad el Mayor General Ignacio Agramonte, y allí el ilustre dominicano situó sus tropas para proteger a los que habían de reflexionar sobre la nueva Carta Magna.
La Constitución mambisa aprobada allí resulta más completa que de Guáimaro, del 10 de abril de 1869, que rigió en plena Revolución de los Diez Años hasta el 8 de febrero de 1878, y con la de Jimaguayú se pretendió evitar los errores cometidos con la anterior.
Esta nueva Carta Magna quiso cerrar las contradicciones entre civiles y militares que había dejado abierta la de Guáimaro cuando depositó en la Cámara de Representantes toda la autoridad.
La Constitución de 1895, que regiría en Cuba durante dos años, establecía un gobierno centralizado como lo había planteado su antecesora de Guáimaro, pero a diferencia de ésta, unía en un Consejo de Gobierno los poderes Legislativo y Ejecutivo para normar la vida civil y política de la Revolución.
En esa nueva Asamblea Constituyente electa había participantes de la guerra de 1868, quienes recordaron los inconvenientes de haber puesto la dirección de aquella contienda en manos de una Cámara de Representantes.
Por ello adoptaron una forma de gobierno distinta, confiriéndole la dirección suprema de la nación a un Consejo de Gobierno, compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios de Estado.
La estructura de gobierno aprobada fue, como Presidente Salvador Cisneros Betancourt, como Vicepresidente Bartolomé Masó Márquez -quien fue el último Presidente de la República de Cuba en Armas, desde el 30 de octubre de 1877 hasta el 7 de noviembre de 1898-, como General en Jefe a Máximo Gómez Báez y como Lugarteniente General a Antonio Maceo Grajales.
El nuevo documento tenía solamente 29 artículos, destinados a fijar los órganos esenciales del gobierno encargados de nombrar y deponer al Ejecutivo, al General en Jefe del Ejército y al Presidente de sus sesiones.
Tenía el Ejecutivo facultades muy limitadas, pues el Consejo de Gobierno sólo intervendría en la dirección de operaciones militares cuando fuera absolutamente necesario a los fines políticos.
Su valor esencial radicó en que consagró el derecho de todos los cubanos a la libertad y proclamó la abolición total y definitiva de la esclavitud, lo que refrenda en su artículo 24 cuando proclama textualmente: “Que todos los habitantes de la República son eternamente libres”.
“Cada Constitución mambisa respondió a una etapa y un momento diferente. La de Jimaguayú tiene la característica de que ya se tenía la experiencia de diez años de guerra y ha estado el pensamiento organizador de José Martí en todo el proceso: hay un Partido Revolucionario Cubano, un periódico Patria, los discursos y el trabajo organizativo de Martí. La Revolución de 1895 necesita también su Ley de leyes”, precisó el historiador Eduardo Torres Cuevas, recientemente fallecido.
Se cumplió con ella uno de los postulados de Martí, quien en el lugar conocido como La Mejorana, en histórico encuentro con Máximo Gómez y Antonio Maceo, logró la convocatoria a una asamblea de representantes de todos los grupos en armas.
La prematura muerte del Apóstol impidió que él personalmente organizara y presidiera la nueva República, como era la aspiración de todos los patriotas orientales, camagüeyanos y villareños que combatían juntos desde mayo de ese año. En su preámbulo, la Constitución de Jimaguayú expresaba que la Revolución se hacía por la independencia, para declarar al país como estado libre e independiente con gobierno propio.
A partir de lo acordado en un pequeño y rústico bohío, el electo Consejo de Gobierno realizó una extensa y fructífera obra legislativa para regular la vida civil y servicios públicos del territorio de Cuba Libre.
El documento fue inscrito en septiembre de 2015 en el Registro Nacional del Programa Memoria del Mundo de la Unesco.
