La Habana.— Con la invitación a aplicar en el quehacer diario los conocimientos compartidos en las jornadas de intercambio profesional, culminó la víspera, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el IV Congreso Internacional Juriscuba 2024.
La cita que reunió por estos días en la capital cubana a alrededor de 450 delegados, entre cubanos y extranjeros en representación de 10 países, constituyó un espacio para debatir sobre diversas ramas de la disciplina y sus modificaciones a raíz de la profunda transformación jurídica impulsada en el país tras la aprobación de la Constitución de la República en 2019.
En las palabras de clausura, Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro cubano de Justicia, valoró que el Congreso cumplió los objetivos que se había previsto y complemento un riguroso del programa de conferencias magistrales y 11 paneles que abordaron diversas ramas de la materia donde han tenido incidencia las nuevas normativas adoptadas.
Señaló que Juriscuba significa un crecimiento para los profesionales del Derecho en Cuba emanado del debate, el estudio, la superación y la identificación de las principales variables y problemáticas, donde resulta necesario avanzar y perfeccionar para cumplir mejor la labor encargada y la responsabilidad del sector con la Revolución, el pueblo y la máxima dirección del país.
La nación se encuentra ante un escenario jurídico que necesita mucho del conocimiento y la aplicación de la ciencia, y agradecemos las experiencias que nos aportan desde otras realidades y que sabremos aplicar a nuestras peculiaridades, añadió.
El titular del ramo extendió a los presentes la convocatoria de reencontrarse en 2026 en ocasión de la próxima edición del evento y a aplicar, cada uno en sus espacios, los saberes adquiridos, para un empleo más eficiente de la seguridad jurídica refrendada en el Estado socialista de derecho y justicia social que promulga la Carta Magna.
La sesión de clausura estuvo acompañada por la conferencia magistral «La seguridad jurídica, un reto para la impartición de justicia en el mundo contemporáneo», a cargo de Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien refirió sobre este principio que constituye un orden prioritario para proyectar acciones para el desarrollo de las sociedades modernas.
Matilla Correa ejemplificó cómo este valor de la legalidad ha inspirado el proceso revolucionario cubano en distintos momentos frente al incumplimiento sistemático de la leyes y derechos negados al pueblo y cómo, ante todo lo logrado desde el triunfo del 1 de enero de 1959, se continúa trabajando para ampliar dichas garantías.
El Estado socialista de derecho y justicia social que defendemos tiene el deber de hacer justicia a la historia de la nación cubana y hasta entonces los juristas no tenemos derecho a descansar, concluyó.