Mucho se ha hablado acerca del Código de las Familias, de la necesidad de una norma que se parezca más a la Cuba de estos tiempos, a su gente; un interés que parte no solo del imprescindible reconocimiento a las distintas formas de organización de las familias que hoy existen en nuestra sociedad, sino que es también una continuidad a lo que plantea la propia Constitución de la República. La Carta Magna aprobada en 2019 introdujo una serie de principios que conducían a transformar radicalmente el criterio tradicional de la familia y de sus derechos como institución.
En tal sentido, el Artículo 81 dispone que toda persona tiene derecho a fundar una familia. «El Estado reconoce y protege a las familias cualquiera que sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines (…) se basan en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes», comenta Naysa María Díaz León, fiscal jefa del Departamento Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales.
En consecuencia, conscientes de los cambios, expectativas y necesidades de esta, se propone el Código de las Familias, que fue sometido a la consideración del pueblo, agrega en un artículo publicado en el sitio web de la Fiscalía General de la República.
Al respecto de la consulta popular para la discusión y análisis de la normativa en cuestión, asegura que se erigió en el ejercicio democrático más puro de un Estado de Derecho como el nuestro y un genuino acto de participación. «La ciudadanía de manera clara y transparente realizó sus propuestas para modificar, agregar, suprimir o ratificar los artículos de esta norma legal».
Ello, sostuvo, llevó a que el proyecto, sometido a la discusión y aprobación del máximo órgano legislativo, sufriera modificaciones en 273 de sus artículos, se suprimieron totalmente 16, se fusionaron dos, se añadieron ocho y se mantuvieron 192, lo que representa el 49,1 % del total de sus postulados.
Señaló que son muchas las razones para decir un Sí rotundo y contundente a este Código y entre todas destaca su defensa, como derecho humano fundamental, el de vivir en familia.
Representa, además, un Código de amor y respeto, pues consagra el valor de la dignidad como la esencia de los derechos de las personas y se vincula particularmente con el libre desarrollo de la personalidad, la protección de la vida familiar y el derecho a la igualdad de todos, precisó.
Esto último, apuntó Díaz León, se encuentra consagrado como principio en el Artículo 85 de la Constitución, lo que implica la protección en el disfrute de los derechos, libertades y oportunidades, libre de discriminación por concepto de raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad o cualquier otra circunstancia o condición personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.
«El hondo calado humanista del Código de las Familias y su sentido transformador, devienen en que desdobla con amplitud, los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna». Expande, en tal sentido, valores y derechos subjetivos fundamentales, regulados en tratados internacionales de los que Cuba es parte.
Dentro de los principios constitucionales que refleja podemos mencionar, además, los referidos a justicia social, humanismo, ética, equidad, solidaridad, libre desarrollo de la personalidad e interés superior de niños y niñas, puntualizó la fiscal jefa del Departamento Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales.
La norma, dijo, le da un valor preponderante a la autonomía de la voluntad y a la autodeterminación individual, por ejemplo: la elección que adopte una persona para unirse a otra en matrimonio o unión de hecho afectiva y fundar una familia, o como fundamento para respetar la opinión y decisiones de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, sostuvo.
«Es un texto inclusivo, solidario, tolerante, dignifica a todos los seres humanos sin distinción, precisa a los padres a ser mejores, propone herramientas para combatir la violencia intrafamiliar, con una tutela jurídica urgente y brinda un amplio espectro de protección a los ancianos y personas con discapacidad».
Se erige –subrayó– en una propuesta sólida impregnada de sabiduría popular, con alto contenido humano, pensado para el beneficio de todos, que aporta soluciones a los conflictos que se presenten en el ámbito familiar, sin regular modelos familiares rígidos ni prestablecidos. «En esta norma se perfila el carácter humanista de la Revolución y encamina al Estado y a la sociedad cubana en la búsqueda de una nación más justa».
Destacó, en sentido general, que sus regulaciones más significativas están centradas en reconocer y proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, identifica las diferentes formas de familias existentes en la Cuba actual; nombra y reconoce a los cuidadores familiares, figura hasta el momento invisible para el Derecho; incorpora la posibilidad de la gestación solidaria y evoluciona de un sistema de potestad a uno de responsabilidad parental más avanzado y exigente.
Al decir de nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez: «Apostar por la aprobación de este código en el referendo, es también apostar por la democracia, por la virtud de ser cubanos, por la felicidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, por la autonomía y el poder de decisión de cada adulto mayor».
Indiscutiblemente, estamos en presencia de un acto de amor y su aprobación nos hará crecer como nación. Es un Código para las nuevas generaciones, que defiende un proyecto de país coherente, humano y revolucionario, concluyó.
