Santiago de Cuba, 31 oct.— Como parte de la agenda prevista para la última jornada del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura y tras un intenso debate en las jornadas previas, los diputados –con la conducción de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado– aprobaron, de acuerdo con el cronograma legislativo, cuatro cardinales normativas: la Ley de Proceso Penal, la Ley del Proceso Administrativo, la Ley de los Tribunales de Justicia y la Ley de Código de Proceso.
Se recibieron casi 3 300 criterios sobre los distintos proyectos y mas de 2 800 propuestas de modificación, de las que fueron aceptadas el 66 por ciento.
Como parte de las principales reformas que incorpora, se describen con mayor coherencia las conminaciones personales y económicas, que pueden imponerse para hacer cumplir las decisiones judiciales.
De igual forma, propone tipos estandarizados de procedimientos comunes, más ágiles y menos engorrosos, para la tramitación de los asuntos antes referidos.
Ley de los Tribunales de Justicia
– Se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales.
– Se actualizan los principios y garantías de la función judicial, entre ellos, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
– Se refuerza la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan en primera instancia por los tribunales municipales
– Posibilita la creación de órganos territoriales, cuya competencia se extiende a varios municipios colindantes.
– Regula los procesos para la elección, nombramiento y tránsito de los jueces profesionales
– Reafirma, como regla general, el principio de actuación colegiada de los tribunales.
– Se definen, con mayor claridad, los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional.
Ley de Proceso Penal
– Se fortalecen las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa de las personas acusadas de cometer presuntos hechos delictivos, como son conocer las imputaciones en su contra, designar abogado desde el inicio del
proceso, proponer pruebas y examinar el expediente, entre otros.
– Se precisa que el proceso penal se inicia a partir de que la autoridad actuante le comunica al presunto responsable los cargos de los que se le acusa, lo que debe realizarse si la persona se encuentra detenida dentro de las 24
horas –a partir de su detención–, y de estar en libertad, dentro de los cinco días posteriores al recibir la denuncia.
Ley del proceso administrativo
– Impacto sustancial respecto a las decisiones que toma la administración, teniendo en cuenta que hasta ahora, para tramitar las quejas, los ciudadanos acudían a fórmulas no instituidas que no dejaban claro cuáles eran los
pasos para resolver su conflicto.
Ley de Código de Procesos
– Integrará los procedimientos para resolver las reclamaciones en los órdenes civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social.
– Establecerá cuáles son los procedimientos cuando un ciudadano tiene un conflicto en estas materias, y debe acudir al Tribunal.
(Con información de Granma)
