En este proceso existe una vigilancia de máximo interés en el cumplimiento por parte de personas naturales de los precios previstos para la comercialización de bienes y servicios, tanto centralizados como descentralizados, explicó Lourdes Rodríguez, viceministra de Finanzas y Precios.
De ahí —señaló— que a inicios de febrero entrara en vigor el Decreto 30 de 2021 del Consejo de Ministros, cuyo objetivo es enfrentar las conductas de indisciplina y descontrol en este tema, e incrementar la exigencia y el rigor en interés de evitar que se generen precios abusivos y especulativos que afecten a la población.
Resaltó que esta norma actúa en las mismas condiciones sobre todos los actores económicos, estatales y no estatales, y en materia de precios mayoristas y minoristas.
Recordó, al intervenir en el programa televisivo Mesa Redonda, que anteriormente se aplicaba el Decreto 227, el cual abarcaba también estos mismos sectores, pero las cuantías de las multas ‘estaban totalmente desfasadas con respecto a la realidad’, acotó Rodríguez.
El nuevo decreto eleva las cuantías de las penalidades, que ahora pueden ser de entre dos mil 500 y 15 mil pesos (un dólar equivale a 24 pesos en el cambio oficial), y dispone mayor severidad en las medidas administrativas exigibles, señaló María Josefa Pérez, directora de Inspección del organismo.
Añadió que las multas serán aplicadas dentro del rango establecido, en correspondencia con el nivel de gravedad de la violación detectada, de acuerdo con las circunstancias concretas en las que se produce la violación o la naturaleza de la infracción cometida y las condiciones del infractor. Hasta la fecha han sido impuestas dos mil 880 penas pecuniarias, por un valor total de 17 millones 888 mil pesos, significó Heidi Bas, directora de Multas del referido ministerio.
