En medio de la prisión preventiva, la defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro encara hoy un escenario limitado, en el que los recursos ordinarios ya fueron rechazados y la ejecución de la pena comenzó de manera efectiva.
Los abogados del exmandatario, de 70 años, presentaron inicialmente apelaciones y embargos de declaración, cuestionando la acumulación de cargos y posibles errores de procedimiento.
Pero la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) los rechazó de manera unánime, confirmando la condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Tal resolución marcó el fin de la vía ordinaria de defensa, dejando a Bolsonaro bajo custodia de la Policía Federal, en una de sus sedes en esta capital.
Por un momento, la defensa pretendió apoyarse en el voto del ministro Luiz Fux, el único miembro del primer panel que emitió su parecer a favor de la absolución del excapitán del Ejército.
Con la idea se trató de forzar un nuevo análisis del caso, esta vez en el pleno del juzgado, pero el recurso pudo ser bloqueado.
Según la jurisprudencia del STF, los votos disidentes solo son válidos cuando hay al menos dos en una sala, lo cual no ocurrió en este caso. Fux fue el único que discrepó de la opinión del relator, el ministro Alexandre de Moraes.
Ahora, el staff jurídico del político ultraderechista estudia estrategias extraordinarias, como recurrir alegando violaciones constitucionales o solicitar medidas cautelares que permitan algún régimen especial de cumplimiento de la pena, incluyendo encierro domiciliario por razones de salud o edad avanzada.
Sin embargo, la aceptación de estas peticiones es incierta y dependerá de la interpretación de la corte superior sobre la gravedad de los hechos y la conducta del exgobernante.
La situación se complicó recientemente cuando Bolsonaro manipuló su tobillera electrónica durante el arresto domiciliario, lo que llevó al STF a ordenar su traslado a una dependencia policial para cumplir la condena bajo custodia directa, generando un nuevo desafío para su defensa.
Analistas legales coinciden en que, aunque queden recursos residuales, la probabilidad de revertir o modificar significativamente la sanción es mínima.
Mientras tanto, los abogados del exjefe de Estado mantienen la esperanza de obtener beneficios humanitarios o medidas especiales.
En este contexto, el caso Bolsonaro se consolida como uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente de Brasil y la atención permanece centrada en cómo el STF gestionará las últimas posibilidades legales del expresidente, mientras su condena ya se encuentra en ejecución efectiva.
