Este 24 de septiembre se cumplen 33 años de la promulgación de la llamada Ley Torricelli (Cuban Democracy Act), un instrumento legal que consolidó el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y cuyos efectos se mantienen vigentes, con consecuencias severas sobre la economía y la población cubanas.
Aprobada en 1992, en pleno período electoral estadounidense, esta legislación fue impulsada por el entonces congresista Robert Torricelli y marcó un punto de inflexión en la política de hostilidad hacia la isla. Entre sus disposiciones más agresivas se incluyó la prohibición del comercio entre Cuba y las subsidiarias de empresas estadounidenses radicadas en terceros países, así como restricciones más severas al envío de productos humanitarios.
El contexto en que se aprobó la norma jurídica fue especialmente crítico para la nación caribeña. Con la desaparición del campo socialista europeo y de la Unión Soviética, Cuba enfrentaba el llamado Período Especial, una etapa de aguda crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas, combustibles y otros bienes esenciales. La Ley Torricelli buscó deliberadamente asfixiar la economía cubana en su momento más vulnerable.
A más de tres décadas de su entrada en vigor, la legislación ha contribuido de manera significativa a los más de 170 mil 677 millones de dólares en pérdidas acumuladas por Cuba debido al bloqueo, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). Sectores vitales como la salud, la energía, la industria y las finanzas internacionales se han visto directamente afectados por las medidas derivadas de esta y otras normativas que consolidan el cerco económico.
Las restricciones impuestas por el bloqueo dificultan la obtención de financiamiento internacional para mantener en funcionamiento centrales eléctricas, reparar acueductos o adquirir piezas de repuesto para equipos industriales. Según Izca Lisbeth Borges Moles, especialista de la unidad empresarial de base Reparación y Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) Santiago de Cuba, el país debe recurrir a intermediarios para adquirir partes específicas imprescindible para el éxito de los trabajos en las plantas de generación, lo cual encarece significativamente los costos y limita el alcance real de los presupuestos asignados a labores que garantizan la operatividad de la infraestructura eléctrica en la isla.
Por su parte, Wilmer Estrada Heredia, delegado de Recursos Hidráulicos en esta provincia, alertó sobre las afectaciones directas al suministro de agua debido a la imposibilidad de adquirir bombas, accesorios eléctricos o cemento para realizar obras. “Aquí no disponemos de equipos de bombeo nuevos, ni de reserva. Cuando hay averías, el impacto es mayor. Incluso, una inversión prevista para beneficiar a más de 80 000 personas en Palma Soriano solo ha podido favorecer a 27 000 por la paralización del crédito destinado a ese proyecto”, explicó.
Aunque el gobierno estadounidense sostiene que el bloqueo tiene como objetivo presionar al gobierno cubano, en realidad los efectos recaen en la población. El acceso limitado a alimentos, medicinas, insumos escolares y tecnologías ha generado una precariedad cotidiana, agravada en los últimos años por la crisis económica global y el impacto de la pandemia de COVID-19.
Las dificultades para acceder a medicamentos oncológicos, tratamientos para enfermedades raras o equipos médicos de alta tecnología son solo algunos ejemplos del efecto directo de esa política de asfixia económica en la vida de los cubanos. A ello se suma el éxodo de profesionales y jóvenes en busca de mejores oportunidades, fenómeno acentuado por las restricciones económicas y financieras impuestas desde Washington.
En octubre de 2024, por trigésimo segunda ocasión consecutiva, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó abrumadoramente a favor del fin del bloqueo: 187 países respaldaron la resolución presentada por la nación caribeña frente a solo dos votos en contra, Estados Unidos e Israel.
Analistas y líderes internacionales coinciden en que, lejos de lograr sus objetivos declarados, el cerco económico ha fracasado como estrategia para generar un cambio político en Cuba. Y, en cambio, es la causa principal de la crisis que enfrenta la Mayor de las Antillas.
La Ley Torricelli, junto con la Ley Helms-Burton (1996), solidificó el carácter extraterritorial y coercitivo del bloqueo, convirtiéndolo en una política de Estado difícil de revertir sin intervención del Congreso estadounidense. Este entramado legal ha limitado considerablemente las opciones de desarrollo de Cuba y ha socavado iniciativas humanitarias y de cooperación.
A 33 años de su promulgación, el pueblo antillano continúa sufriendo las consecuencias de una política que ha sido condenada de manera casi unánime por la comunidad internacional.
