Buenos Aires, 17 ene.— Integrantes de organizaciones sociales argentinas volverán hoy a cortar la ruta 3 de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, para rechazar las medidas del Gobierno de Javier Milei.
La acción forma parte de una jornada de manifestaciones contra un plan de ajuste, un protocolo antiprotestas, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y un paquete de leyes enviado por el mandatario al Congreso.
Entre las agrupaciones que estarán representadas se encuentran miembros de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la Central de Trabajadores, Los Canillitas y agrupaciones de jubilados y pensionados.
En un comunicado, dichas entidades expresaron su desacuerdo con las medidas de la dirección del país, las cuales “impactan salvajemente en las familias y en los trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza”.
Una iniciativa similar tuvo lugar el 28 de diciembre para exigir el respeto a los derechos de todas las personas, en especial de los más vulnerables.
El DNU dispone el desarme de más de 300 regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Por su parte, la conocida como Ley Ómnibus establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proyecto, llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, está conformado por más de 600 artículos, otorga atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo y señala que el mismo podrá prorrogar el plazo antes mencionado por dos años.
Además, establece la privatización de empresas y sociedades estatales y su conversión en sociedades anónimas.
También elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos.
