La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Rosa Weber, dio un plazo de 48 horas para que el mandatario Jair Bolsonaro explique el indulto a policías militares en la llamada Masacre de Carandiru, se supo hoy.
Tal ultimátum se extiende además a la Abogacía General de la Unión.
La medida fue adoptada después de que la Fiscalía General entrara el martes con una acción directa de inconstitucionalidad de la disposición de Navidad emitida por el exmilitar.
Para el procurador general Augusto Aras, el artículo del decreto que permite, específicamente en el caso de la Masacre de Carandiru, que «los policías militares condenados se beneficien con el indulto navideño, atenta contra la dignidad humana y principios básicos y comienzos del derecho internacional público».
Después de recibir las manifestaciones, Weber debe considerar la solicitud de suspensión parcial del perdón.
La solicitud de información es una medida habitual previa al examen de los expedientes.
El 2 de octubre de 1992, 111 presos, 84 de los cuales sin ser juzgados y condenados por sus crímenes, fueron ultimados durante la invasión de la Policía Militar (PM) para contener una rebelión en la Casa de Detención, un complejo penitenciario construido en la década de 1920, en el barrio de Carandiru, zona norte de Sao Paulo.
La lucha entre los detenidos pronto se generalizó y se convirtió en un motín. Fue entonces que los agentes militares fueron llamados para contener el conflicto.
Tras el fracaso en un intento de negociación con los recluidos, el comando policial decidió entrar en el lugar con metralletas, fusiles y pistolas.
Media hora después de la entrada de la PM, «las ametralladoras se silenciaron», contó el médico Drauzio Varela, en su libro Estación Carandiru. Ningún policía murió en la acción.
Según el decreto presidencial del indulto, serán condonados agentes de fuerzas de seguridad, acusados por crímenes cometidos hace más de 30 años, aunque ellos no resultaron condenados en definitiva en la última instancia de la Justicia.
La responsabilidad por la acción policial no comenzó a ser juzgada hasta 10 años después de los hechos. En 2001, el coronel Ubiratan Guimarães, que dirigió la operación en Carandiru, fue condenado a 632 años de prisión.
Su defensa recurrió la sentencia y fue revocada, siendo anulada por el Tribunal de Justicia en 2006.
Estudios forenses presentados durante el juicio concluyeron que los 111 muertos recibieron 515 balazos, de ese total 126 en la cabeza, disparos que, para organizaciones de derechos humanos, constituyen pruebas de que los detenidos fueron ejecutados de forma sumaria.
