La visita del mandatario colombiano se produce, además, luego de un reciente reporte del organismo multilateral que expresa preocupación por el aumento de la violencia en varios departamentos de esa nación, como Chocó, Putumayo y Arauca.
De acuerdo con el informe sobre ese tema del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la población civil es la más afectada por esa ola violenta, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) empeoran la situación, señala el documento.
Asimismo, expresa gran inquietud por la seguridad de los exintegrantes de las FARC-EP y recuerda que, desde la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016, fueron asesinados 315 de ellos y 11 de esos crímenes ocurrieron en el último trimestre.
El deterioro de la seguridad en varias zonas de Colombia tiene un impacto cada vez mayor en los proyectos productivos y cooperativas, apuntó Guterres en su informe y pidió a Bogotá velar por la protección de esas personas, sobre todo, en las áreas de reincorporación y capacitación habilitadas.
Además, insistió en la necesidad de atender adecuadamente los riesgos y necesidades específicas de las mujeres excombatientes.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró más de 13 mil desplazados forzosamente en Colombia durante el período del 1 de enero y el 15 de marzo de este año.
En tanto, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 43 activistas y líderes sociales, incluyendo cuatro mujeres.
Al respecto, consideraron que es urgente la implementación completa de las garantías de seguridad estipuladas para reforzar las medidas de prevención y protección por parte de las autoridades colombianas.
