México, 26 abr.— Ante la estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo, que hacen prácticamente irrentable la extracción de crudo en todos los países productores, y un avance arrollador de la pandemia de la Covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó un decreto que combina reajustes en la estructura de gobierno con austeridad, dinámicas productivas y redistribución de los ingresos.
En realidad, se trata de un programa antineoliberal para enfrentar una crisis viroeconómica fuera del contexto tradicional del reajuste estructural fondomonetarista, que endeuda a los países y deja fuera de las operaciones de salvamento del gran capital a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El decreto de López Obrador tiene un enfoque distinto. En diez puntos muy racionales y bien concentrados sienta las bases para beneficiar de inmediato a unos 72 millones de ciudadanos dentro de los segmentos menos favorecidos de la población, lo cual implica en la práctica una redistribución de la riqueza.
Aunque son lineamientos generales, su aplicación se concreta con inmediatez, como los primeros de ellos, por lo que no se despedirá a ningún trabajador, pero tampoco se emplearán nuevos, se reducirá el salario de altos funcionarios y se reorganiza la estructura de gobierno, con la cancelación de diez subsecretarías, mas se garantiza el empleo con el mismo rango de quienes queden fuera.
Cierran la mitad de las oficinas públicas, con excepción de las de atención directa, y se reubica a servidores, mientras se dejan de rentar edificios, autos o inmuebles, se eliminan otros gastos de la administración pública y se posponen acciones planeadas, excepto 38 programas sociales de beneficio popular o para el desarrollo económico.
Esto último incluye todos los programas de becas, pensiones, atención médica y medicinas gratuitas, planes de desarrollo económico concebidos para dar empleos, como el de reforestación Sembrando vidas, construcción de carreteras y otros, y las obras estratégicas como el tren maya, el aeropuerto internacional, la nueva refinería de Dos Bocas y la recuperación de Petróleos Mexicanos.
Parejamente, en lugar de debilitar, se fortalece el sistema de salud y los mecanismos de seguridad ciudadana con la Guardia Nacional, la Marina y la Defensa Nacional, pero todo regido por la ley de austeridad republicana, que se aplicará de manera más rigurosa aún. Además, entregarán tres millones de créditos, de mil 200 dólares cada uno, a pequeñas empresas familiares.
Todo será posible gracias a la recuperación de recursos en este casi año y medio de gobierno en la lucha contra la corrupción, el plan de entregar al pueblo lo robado, lo cual permitió aumentar las reservas financieras y dedicar a los proyectos de este período el equivalente a 36 mil 800 millones de dólares.
Con ese plan, el presidente López Obrador pretende demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis viroeconómica o de cualquier índole, siempre y cuando no se admita la corrupción, se fortalezcan valores y principios éticos y morales de la persona, y se gobierne para el pueblo y con el pueblo.
El mandatario rechaza de forma tajante hacer frente a la crisis económica provocada por el fracaso del neoliberalismo con medidas propias de ese modelo económico, porque resulta contraproducente y de probada ineficacia.
De hecho, el Gobierno de México coincide con la advertencia que acaba de hacer Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de que la pandemia de la Covid-19 pone al mundo en una encrucijada civilizatoria: o regresa a la globalización concentradora, o construye un futuro diferente. (Luis Manuel Arce Isaac/Tomado de Orbe)
