La Habana, 20 feb.— Un grupo de 46 migrantes irregulares cubanos fueron devueltos al país este viernes, provenientes de México, en cumplimiento de los acuerdos migratorios suscritos por ambos países.
Los 30 hombres y 16 mujeres regresaron por el Aeropuerto Internacional José Martí, de esta capital, tras haber viajado de manera legal a terceros países y ser detenidos por las autoridades mexicanas en el intento de ingresar de forma indebida a Estados Unidos.
Estos ciudadanos fueron trasladados hasta sus lugares de residencia tras realizarles el PCR para la detección de la COVID-19 y recibir las atenciones médicas pertinentes.
Se trata de la tercera operación de este tipo en el año desde México, por lo que suman 210 las personas retornadas por estos motivos desde esa nación.
En 2022, los gobiernos de Bahamas, México y el servicio de guardacostas de Estados Unidos han devuelto al archipiélago un total de 509 individuos, entre operaciones marítimas y aéreas, cifra que supera a las reportadas en los meses correspondientes en años anteriores.
Autoridades migratorias cubanas recalcaron el peligro que entrañan estos movimientos en los cuales las personas viajan en condiciones de riesgo para la vida y exponiéndose a situaciones de secuestro, violaciones, extorciones y otros contratiempos.
La política de la administración estadounidense de negar las visas a ciudadanos cubanos, unido a las complejidades agravadas por la crisis sanitaria de la pandemia y el recrudecimiento de las medidas del bloqueo, son factores que estimulan este fenómeno.
El gobierno de Cuba ha insistido en la necesidad del cumplimiento estricto de lo acordado en la Declaración Conjunta Cuba-Estados Unidos sobre temas migratorios, del 12 de enero de 2017, donde ambas partes patentaron el compromiso bilateral en la prevención de la migración irregular y de impedir las salidas ilegales y riesgosas del país.
Dicho convenio tiene el objetivo de luchar contra los actos de violencia relacionados con esa migración, desalentar las ilegalidades vinculadas a ella y promover la cooperación eficaz para prevenir y condenar el tráfico de personas y otros delitos asociados. (José Manuel Lapeira Casas)
