Autor: Raúl Antonio Capote
Como cada jueves, este 15 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones, esta vez contra el Banco Internacional de Comercio S.A. (Bicsa), entidad estatal cubana, acusándola de prestar servicios al banco iraní Karafarin.
La nueva medida coercitiva sitúa a la Mayor de las Antillas «como un puesto avanzado para actores malignos y grupos terroristas, incluida la República Islámica de Irán».
Anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, la «sanción» forma parte de una escalada sostenida que busca estrangular financieramente a la Isla, y que se ha intensificado de manera notable desde que inició el año 2026.
Durante los últimos meses se han sucedido múltiples rondas de medidas que configuran un cerco sistemático. En septiembre de 2026, la OFAC eliminó la autorización que permitía a los bancos estadounidenses procesar pagos en dólares relacionados con Cuba, siempre que el origen y destino estuvieran fuera de EE. UU.
La nueva normativa también eliminó la autorización que permitía a los bancos de ese país abrir y mantener cuentas a nombre de ciudadanos cubanos que operaran como emprendedores privados.
Se prohibieron las operaciones financieras «indirectas» con entidades cubanas sancionadas, principalmente aquellas vinculadas al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Gaesa).
Recientemente, en junio de 2026, el Gobierno estadounidense sancionó a cinco entidades estatales cubanas, entre ellas el Banco Financiero Internacional (BFI) y Rafin.
Así, en mayo de 2026, la Orden Ejecutiva 14404, amplió el marco de sanciones e introdujo medidas secundarias contra empresas extranjeras que mantengan operaciones en sectores estratégicos como energía, minería, defensa y servicios financieros.
Siguiendo la línea de máxima presión, mantener a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo ha reforzado el carácter extraterritorial del bloqueo, aumentando la reticencia de entidades internacionales por miedo a represalias estadounidenses.
El informe cubano sobre los daños del bloqueo, que será presentado ante la ONU a finales de este mes, documenta el impacto devastador del cerco en el periodo marzo 2025 – febrero 2026.
Treinta y cuatro entidades bancarias internacionales suspendieron o se negaron a efectuar operaciones con Cuba por temor a las sanciones secundarias, cancelando cuentas o rechazando transferencias para la compra de alimentos, medicamentos y combustibles.
Como resultado de las medidas, la economía cubana perdió proveedores tradicionales, que cesaron relaciones comerciales para evitar el riesgo de ser sancionados.
Además, se impusieron sobretasas de interés como consecuencia de la clasificación de riesgo país aplicada a Cuba, lo que ha reducido drásticamente el acceso a financiamientos.
Las plataformas digitales y servicios tecnológicos también sufrieron: se registraron suspensiones de pagos a anfitriones cubanos, interrupción de servicios de correo electrónico a empresas de la Isla y cierre de cuentas de campañas de solidaridad.
Incluso las misiones diplomáticas cubanas enfrentaron graves dificultades con entidades bancarias que tradicionalmente les prestaban servicios, afectando el procesamiento de pagos consulares.
El Gobierno cubano ha denunciado de manera consistente estas medidas. Tras la sanción contra Bicsa, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones
Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que la entidad es «absolutamente legítima», y que sus transacciones «en Cuba y en el mundo son también absolutamente legítimas».
Rodríguez Parrilla calificó la medida como «una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba» y como un intento de «cerrar toda válvula» a la economía cubana.
La sanción contra Bicsa es un eslabón más en una cadena de agresiones que no distingue entre sector público y privado, y que golpea directamente la vida cotidiana de los cubanos.
La comunidad internacional, que año tras año condena el bloqueo en la ONU, tiene ante sí la responsabilidad de exigir el fin de estas medidas coercitivas unilaterales, que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
