Roma, 12 feb.— El gobierno de Italia aprobó un nuevo proyecto de ley que refuerza los instrumentos para combatir la inmigración ilegal y prevé una gestión más rigurosa de los flujos migratorios, señala hoy un comunicado.
Una nota publicada por la Presidencia del Consejo de Ministros señala que, en una reunión de ese órgano realizada la víspera, se dio luz verde a una iniciativa legislativa, que debe ser evaluada y suscrita por el Parlamento, la cual hace hincapié en medidas preventivas fronterizas, e incluso prevé la posibilidad de limitar el acceso por mar.
Se señala en el texto que, en situaciones consideradas especialmente críticas para el orden público o la seguridad del Estado, se podrá prohibir temporalmente la entrada a las aguas territoriales.
La medida podrá imponerse por un periodo inicial de 30 días, con posibilidad de prórroga de hasta seis meses y se aplicaría en caso de riesgo concreto de terrorismo o infiltración terrorista, así como por una presión migratoria extraordinaria que pueda poner en peligro el control fronterizo.
También podría implementarse ante emergencias sanitarias internacionales, o por la celebración de grandes eventos mundiales que requieran medidas de seguridad reforzadas, señala un análisis sobre estas medidas publicadas en el sitio digital informativo del canal televisivo Sky TG24.
El documento establece que el incumplimiento del bloqueo naval conllevaría, salvo que constituya delito, a una multa administrativa de entre 10 mil y 50 mil euros, y que las infracciones reiteradas con el mismo buque conllevarían a la confiscación del mismo, con una incautación cautelar inmediata ordenada por la autoridad competente.
Se introduce además una disposición que establece el posible traslado de las personas interceptadas no solo a su nación de origen o de salida, sino también a terceros países que hayan suscrito acuerdos específicos con Italia.
En estas naciones podrán operar centros de recepción o detención especializados, con la participación de organizaciones internacionales especializadas en migración y asilo, también con vistas a una posible repatriación.
Por otra parte, un juez podrá ordenar la expulsión del extranjero cuando exista una pena de prisión por delitos como violencia o amenazas contra un funcionario público, resistencia al mismo, o por la agresión e intimidación contra órganos políticos, administrativos o judiciales. Se introduce un procedimiento acelerado, que se llevaría a cabo directamente en los pasos fronterizos o zonas de tránsito, el cual permitiría la expulsión inmediata de personas de países seguros o con solicitudes manifiestamente infundadas.
En este nuevo proyecto de ley, se incluyen también sanciones por incumplimiento de las órdenes de expulsión y se refuerzan las competencias de la policía judicial para identificar a quienes ocultan su identidad o nacionalidad, agrega la fuente.
