Buenos Aires, 18 nov.— Empleados estatales, aceiteros y desmotadores ultiman hoy los preparativos para la movilización mañana hacia la Secretaría del Trabajo en protesta contra la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei que consideran perjudicial a los derechos laborales.
Una denuncia extorsiva e intimidatoria de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el máximo líder de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), Rodolfo Aguiar, no amilana ni al dirigente ni al gremio que insiste en la medida de fuerza y anticipa una alta adhesión al paro nacional y marcha del miércoles.
Bullrich denunció en lo penal a Aguiar por alterar el orden constitucional y la vida democrática, y en réplica a la ministra el líder sindical planteó que quien “atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno”.
“El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles contra los jubilados”, rebatió Aguiar en comunicado que difundió ATE.
“Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto”, apuntó Aguiar, quien precisó que “son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich”.
De acuerdo con los trascendidos, los gremios rechazan la propuesta de reforma que impulsa el ejecutivo porque incluye medidas que figuraban en el DNU 70 del pasado año que fueron rechazadas por el sindicalismo que logró frenarlas judicialmente.
La Confederación General del Trabajo (CGT), como otras centrales gremiales, alertaron que puede convertirse en el mayor foco de confrontación desde la aprobación en 2024 de la Ley Bases.
Gerardo Martínez, titular de la Unión Obrera de la Construcción y uno de los representantes de la CGT en la llamada Mesa del Consejo de Mayo, advirtió que la propuesta como está ahora incluye varios puntos incompatibles con convenciones internacionales vinculadas a la libertad sindical y al derecho de huelga.
Entre los puntos que el sindicalismo considera inaceptables están poner límites a la ultraactividad de los convenios, dar prioridad a acuerdos por empresa, limitar las cuotas solidarias, regular el derecho de huelga y recuperar e incorporar el concepto de salarios dinámicos
Con ese último punto la reforma propone que los sueldos sean a partir de méritos individuales de productividad o según la situación económica de la empresa. Desde el gremio de la salud, Héctor Daer denuncia que esto busca “reducir el salario básico y promover criterios individualistas”.
Los sindicalistas también rechazan la autorización obligatoria para realizar asambleas, cambios en el principio de norma más favorable, el banco de horas y cálculo semanal de la jornada, el fraccionamiento de vacaciones desde 7 días y la ampliación de infracciones por bloqueos sindicales.
Sobre eso último la CGT y el resto de los sindicatos lo consideran una profundización de la criminalización de la protesta.
