Autor: Delfín Xiqués Cutiño
No es casual que el presidente Joe Biden, apenas unas semanas antes de recoger todos sus bártulos y mudarse de la Casa Blanca, firmara la llamada No Stolen Trademarks Honored in America Act (Ley de Marcas Robadas).
El proyecto legislativo bicameral fue presentado, en 2023, por los legisladores Darrell Issa y Debbie Wasserman-Schultz. Tampoco es casual que políticos cubanoamericanos como el exsenador Bob Menéndez (preso por corrupto), María Elvira Salazar, y el ahora secretario de Estado, Marco Rubio, defendieran la propuesta.
Entre sus objetivos estaba afectar a la afamada marca cubana de ron Havana Club, y es evidente que todos los caminos tras este hecho no conducen a Roma, sino a la Ron Bacardí & Co., que desde hace años permanece y actúa contra Cuba tras bambalinas.
En 1966, Cubaexport registró la marca Havana Club en unos 80 países, y en Estados Unidos, desde 1976, cuando expiró y la familia Arechabala no la renovó.
Sin embargo, no ha sido fácil poder renovarla, debido a los obstáculos y a los millones de dólares que el clan Bacardí destina a evitarlo.
El periodista Tom Gjelten reveló en su libro Bacardi and the Long Fight for Cuba: The Biography of a Cause, que la «Bacardí gastó unos tres millones de dólares, entre 1998 y 2003, para apoderarse de la marca Havana Club».
EL CLAN DE LA BACARDÍ Y LA CONTRARREVOLUCIÓN
Tras la muerte –en 1951– de Enrique Schueg, presidente de la Bacardí & Co, lo sustituye su hijo político, José M. «Pepín» Bosch, quien formó parte del gobierno de Carlos Prío Socarrás como ministro de Hacienda.
Tampoco la familia Barcadí se vio afectada con el golpe de Estado de Fulgencio Batista, y al mismo tiempo mantenía una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos. Tanto es así que, en diciembre de 1958, cuando el embajador yanqui, Earl T. Smith, presionó al dictador para que se largara del país porque ya estorbaba, no sin antes dejar una junta con la responsabilidad de convocar a elecciones, uno de los nombres que aparecía en el listado era el de «Pepín» Bosch.
Tras el triunfo de la Revolución se firma la Ley No. 851, en julio de 1960, mediante la cual se nacionalizaban o se expropiaban las empresas, tanto cubanas como extranjeras, con su correspondiente indemnización, como estipulaba el cuerpo legal. Una de esas empresas nacionalizadas fue la Bacardí & Co.
Pero el clan de la Bacardí no fue tan afectado económicamente, como algunos piensan, pues desde hacía varios años el grueso de su capital y el registro mundial de su «marca» los habían trasladado a Bahamas. Hasta el murciélago de su logotipo había volado fuera de la Isla.
Al poco tiempo, «Pepín» Bosch se fue de Cuba y se convirtió en un furibundo enemigo de la Revolución. Se involucró y financió a varias organizaciones contrarrevolucionarias y de conocido historial terrorista, como la Representación Cubana en el Exilio (RECE) y la Fundación Nacional Cubano Americana.
TRAS LA HELMS-BURTON, LOS INTERESES DE LA BACARDÍ
En 1993, el Gobierno cubano se asoció a una prestigiosa firma francesa de licores y creó la empresa mixta Havana Club Holdings (HCH), entre Habana Ron y la Pernod Ricard. Solo en los primeros cuatro años, las ventas del ron cubano se duplicaron.
Fue entonces que, en 1997, los abogados de la Bacardí localizaron en España a los descendientes de la familia Arechabala, a los que supuestamente les «compraron», por 1 025 000 dólares, la franquicia de Havana Club. Esos derechos habían expirado en 1974, al no renovar el registro de la marca ni producir su ron durante 30 años.
Por ese tiempo asume la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, un fanático anticomunista, quien se dio a la tarea de cambiar el sentido de la política exterior del presidente Clinton. Cuba aparecía entre los diez puntos que propuso.
Para redactar una ley anticubana, Dan Fisk, el ayudante de Helms, reclutó a lo más «selecto» de los políticos cubanoamericanos: los congresistas republicanos Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, y a los senadores demócratas Bob Menéndez y Robert Torricelli. Por su parte, la Bacardí cedió una batería de abogados que representaban sus intereses, como el bufete Kelley-Drye and Warren.
Como era de esperar, los vendepatria hicieron muy bien su trabajo para favorecer los mezquinos intereses de la Bacardí. De ahí que Wayne Smith, exjefe del Buró Cuba en el Departamento de Estado, al referirse a esta ley la calificó como «Ley de los reclamos Bacardí».
La Helms-Burton se firmó el 12 de marzo de 1996. Los títulos III y iv fueron los más controvertidos por su descarada pretensión extraterritorial. Pero lo que más le interesaba al clan Bacardí aparecía casi perdido entre las 401 secciones de la Ley. Exactamente en la Sección 4 Definiciones, inciso 15, dice: La frase «nacional de Estados Unidos» significa:
«b) cualquier otra persona jurídica constituida con arreglo a las leyes de Estados Unidos o de cualquiera de sus estados, del Distrito de Columbia o de cualquier mancomunidad, territorio o posesión de Estados Unidos y cuyo centro principal de negocios se encuentre en Estados Unidos».
Con esta «definición», inventada por los abogados y los politiqueros cubanoamericanos, y violando leyes de ese propio país, «Pepín» Bosch y quienes lo secundaban se convirtieron en ilustres ciudadanos estadounidenses cuando todavía no lo eran, y con carácter retroactivo, desde el 1ro. de enero de 1959.
Esta absurda «patente de corso» le daba el derecho a un grupo de poderosos magnates cubanos, a presentarse de igual a igual entre los ciudadanos estadounidenses que reclamaban propiedades nacionalizadas en las cortes de EE. UU.
Mas, la piedra en el zapato de la Bacardí aparecía en el Título III, Sección 302:
«6) No aplicabilidad de la Doctrina del acto de Estado. -Ningún tribunal de Estados Unidos invocará la doctrina del acto de Estado para abstenerse de pronunciar una determinación sobre el fondo de una acción emprendida de conformidad con el párrafo 1)».
Esta negativa estaba dada porque los redactores de la Ley conocían perfectamente que existía un precedente en la aplicación de la doctrina de Acto de Estado Soberano, como en el caso Banco Nacional de Cuba vs. Peter Sabbatino, en el propio territorio estadounidense con una empresa nacionalizada y, por cierto, favorable al Gobierno cubano.
En esa ocasión, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos dictaminó, el 23 de marzo de 1964, en Nueva York, en virtud de la doctrina de acto de Estado Soberano lo siguiente:
«Todo Estado soberano está obligado a respetar la independencia de cada uno de los otros Estados soberanos y los tribunales de un país (EE. UU.) no deben juzgar los actos de gobierno de otro país (Cuba) realizados dentro de su propio territorio».
LA SECCIÓN 211 Y LA LEY DE MARCAS ROBADAS
Pero ni con este precedente legal la Bacardí dio su brazo a torcer. Por eso sus abogados enfilaron sus cañones para abstraer su caso de la Ley de Marcas de 1928, para que el Congreso tuviera que aprobar una nueva Ley, con efecto retroactivo, que desactivaría el registro de 1976 hecho por Havana Club para comercializar el legítimo ron cubano en territorio estadounidense.
Justo cuando estaba a punto de aprobarse la «Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias» para el año fiscal 1999, el piquete de politiqueros batistianos logró colgarle una enmienda, la Sección 211, que indica que los tribunales de EE. UU. no podrán reconocer o prorrogar los derechos de marcas confiscadas o nacionalizadas. Esta ilegítima enmienda permitía saltarse la Ley de Marcas.
Así las cosas, el 5 de enero de 2016 se informó que la Oficina de Marcas y Patentes Registradas en Estados Unidos aceptó renovar, por segunda vez, el registro de la marca Havana Club en Estados Unidos, a favor del Estado cubano por diez años.
La Sección 211 (1999) y la llamada «Ley de Marcas Robadas», que el 2 de diciembre de 2024 el gobierno de EE. UU. aprobó, están diseñadas para impedir que Havana Club pueda renovar el año próximo la licencia para comercializar el ron cubano en territorio estadounidense.
Desde hace más de 30 años, la Bacardí intenta robar la marca Havana Club, y comercializar un ron que no es producido en Cuba. Ocultan lo que dijo, a finales del siglo XIX, Facundo Bacardí Massó:
«En verdad no hubo, ni podrá haber en ningún momento de la historia, ni en país alguno, ron como el nuestro. Ni semejante siquiera. Los que se fabriquen fuera de Cuba no disponen de la mejor materia prima que existe, que son las mieles de cañas cubanas precisamente».
Fuentes:
- Ron Bacardí: la guerra oculta, Hernando Calvo Ospina
- La sucia guerra del ron. Granma, 2 de agosto de 2013. Gabriel Molina Franchossi.
