El 7 de febrero de 1962 el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, promulgó formalmente la Orden Ejecutiva Presidencial 3447 mediante la cual se estableció un “embargo” total al comercio entre Estados Unidos y Cuba, decreto que oficializó el bloqueo unilateral de la potencia norteamericana contra la nación cubana.
La decisión imperialista tuvo sus raíces en los primeros días posteriores al triunfo de la Revolución Cubana. Tras la implementación de la reforma agraria y otras medidas contempladas en el programa del Moncada, las empresas estadounidenses reaccionaron cortando el suministro de petróleo a Cuba y prohibiendo a sus refinerías en la Isla procesar crudo de otros países; cancelaron la cuota azucarera y retiraron a su personal técnico de diversas industrias claves y dejaron al país en una situación económica crítica. Ante estas acciones, el gobierno revolucionario respondió con la nacionalización y expropiación de los bienes afectados.
Como es sabido, el derecho internacional reconoce la facultad de los Estados para aplicar el principio de nacionalización siempre que no se haga por motivos discriminatorios y se garantice la correspondiente indemnización. Sin embargo, tras desencadenar esta situación, el gobierno de los Estados Unidos se negó a aceptar dicha indemnización, priorizando su estrategia de ‘asfixiar económicamente a Cuba y someter a su pueblo por hambre’.
Desde el 7 de febrero de 1962 los sucesivos gobiernos y el Congreso de Estados Unidos no han cesado en su hostigamiento contra Cuba, implementando nuevas medidas como la Ley Torricelli que convirtió el bloqueo en un asunto extraterritorial al sancionar a terceros países y la Ley Helms-Burton que, disfrazada bajo el nombre de Ley para la libertad y la solidaridad democrática, endureció y consolidó aún más esa política hostil hacia el pueblo cubano, acciones que representan lo que realmente son: un acto de guerra en tiempos de aparente paz.
El gobierno cubano ha demostrado ampliamente la injusticia y el carácter violatorio del bloqueo evidenciado en la resolución titulada‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’,presentada en 32 ocasiones ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese foro, la comunidad internacional ha rechazado casi de manera unánime esta política unilateral, pero los llamados ‘amos del mundo’ han optado por ignorar dicho consenso global.
El bloqueo impuesto a Cuba reviste un carácter ilegítimo y genocida, ya que vulnera de forma masiva y sistemática los derechos humanos y genera elevados costos que afectan a todos los sectores de la economía y los servicios, agravado con las 243 medidas adicionales del anterior gobierno de Trump, la inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo y la activación del capítulo III de la Ley Helms-Burton, decisiones unilaterales que impiden la realización del proyecto de desarrollo socialista cubano.
No es ni legal ni ético que la superpotencia someta a Cuba a una guerra económica tan brutal. El verdadero objetivo de los Estados con el bloqueo es desestabilizar el orden constitucional interno mediante la subversión, el terrorismo y la injerencia en los asuntos de la nación. La respuesta firme y digna de los cubanos es bien conocida: resistir y vencer, manteniéndose como un pueblo libre, independiente y soberano, comprometido con la lucha por alcanzar un desarrollo justo y próspero.
