Bogotá, 16 oct (Prensa Latina) El presidente Gustavo Petro expondrá al cuerpo diplomático acreditado en Colombia los detalles de la vulneración de la que es víctima por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuyas acciones el mandatario califica de Golpe de Estado.
De acuerdo con declaraciones previas del canciller Luis Gilberto Murillo, el gobernante planteará a los representantes de los distintos países y de los organismos internacionales las acciones acometidas desde ese órgano, que sobrepasan sus competencias, desconocen el fuero presidencial y violan la institucionalidad del país, según denunció el propio jefe de Estado.
El pasado 8 de octubre, el CNE anunció su decisión de formular cargos contra el presidente por una supuesta violación a los topes permitidos a gastar durante su campaña electoral de 2022 y por la recepción de fondos de fuentes no autorizadas para ello.
El mandatario desmintió las acusaciones en su contra y pidió a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes hacer públicos los hallazgos que esa entidad realizara sobre sus actividades proselitistas cuando era candidato presidencial.
Por otra parte, el equipo legal del jefe de Estado aseguró que no reconocerá las actuaciones del CNE por considerar que carece de potestad, pero aseguró que fueron solicitadas medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para detener las investigaciones administrativas en contra del gobernante.
Tras el suceso, Petro recibió múltiples muestras de apoyo de organizaciones sociales y sindicales y en señal de rechazo a lo que consideran es la antesala de un golpe de Estado.
“El CNE un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido pone en peligro la institucionalidad que represento”, afirmó el mandatario después del anuncio de la decisión.
Añadió que las imputaciones son infundadas y que se enfrenta a una autoridad administrativa capturada por la oposición, que busca a toda costa poner en duda su integridad.
