En la última sesión extraordinaria del Consejo de Estado, el Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz se refirió a las “acciones dirigidas a corregir los desequilibrios macroeconómicos, incentivar la producción nacional, tributar a la disciplina presupuestaria, ajustar el plan y presupuesto a las condiciones de la economía del país, reducir el déficit fiscal, generar ingresos en divisas al país, fortalecer la empresa estatal socialista y el proceso de bancarización”; entre otros asuntos de impacto en la población.
Tales acciones me llevan a recordar que, hace 13 años, en febrero de 2011, la mayoría de los cubanos comenzaron a vivir un sueño: en esa fecha, unos dos mil 500 santiagueros fueron declarados «no necesarios» en sus respectivos puestos de trabajo, como parte de las medidas iniciales del “anhelado” paquete de reformas que cambiarían para bien la situación económica del país.
Así se estrenaba lo que luego se conoció como la Tarea Ordenamiento, un intento, en principio, de reducir las plantillas de trabajadores que, en su mayoría, aparentaban trabajar, pero se pasaban la mayor parte del tiempo sin hacer nada en oficinas y pasillos de entidades estatales, principalmente del sector presupuestado.
Aquella medida no generó en la mayoría de los cubanos la necesidad de trabajar, excepto en un grupo que se incorporó al sector cuentapropista (privados). Los demás simplemente se reubicaron en otros puestos estatales, y muchos optaron por «vivir del invento», ya que el Estado seguía subsidiándolo todo, lo que les permitía vivir mejor sin mucho esfuerzo.
En 2021, como parte de ese cambio necesario, llegó la parte del proceso de ordenamiento monetario, acompañado de un incremento salarial para un sector de la sociedad que bien lo merecía, pero los especuladores aprovecharon la falta de una oferta adecuada que respaldara el incremento y los precios comenzaron a dispararse.
Fue un momento de muchas consignas: «nadie quedará desamparado, no gastar más de lo que se tiene, cumplir y aprovechar la jornada laboral, combatir la corrupción y el delito, ser solidarios y atender a los vulnerables, buscar alternativas viables para el bien de todos…». La respuesta de los nuevos «proletarios», esos, los que viven a expensas de la mayoría, ha sido prácticamente nula, y hemos llegado “al punto sin retorno” que muchos están considerando.
Afortunadamente, la mayoría de los cubanos siguen creyendo en el proyecto revolucionario y en las gestiones del gobierno para salir de esta crisis que, a simple vista, parece interminable. «La batalla ha sido dura y larga, quizás ya lo está siendo demasiado, pero no habrá derecho al desmayo, mientras tengamos razones que defender: la patria en primera instancia», ese es el consenso.
No se pueden olvidar los traumas causados por la pandemia de COVID-19, las 243 medidas del gobierno norteamericano que intensificaron las sanciones económicas y financieras, la incesante devaluación del peso cubano (CUP), la escasez de alimentos y la precariedad de servicios tan imprescindibles como la salud, entre otros, motivos más que suficientes para asumir la lógica de la «resistencia creativa».
El proyecto de modelo económico cubano aprobado en amplia consulta popular, sigue siendo la opción inmediata para el país, pero debe estar sometido al escrutinio constante del partido, el gobierno y la población. Alcanzar la eficiencia de la empresa estatal socialista y fortalecer y controlar las formas de gestión no estatal son acciones imprescindibles, y viables, para sanear la economía cubana.
Hay que soñar en grande, pero con los pies en la tierra; decisivo será para ello, y así lo han entendido la dirección del país y la mayoría de los cubanos, el incremento de la producción de bienes y servicios y la inversión de capital extranjero en algunos de los sectores productivos de la nación.
