Después de 8 meses de haber sido pospuesto, el Consejo de Estado aprobó que, las reuniones de rendición de cuentas de los delegados del poder popular a sus electores “se llevarán a cabo en todo el país entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre de este 2024”.
Como fue recordado en sesión extraordinaria, el primer proceso correspondiente al XVIII mandato de los órganos municipales del Poder Popular, debió realizarse en el último trimestre del 2023, pero fue pospuesto “debido a la situación crítica del país en cuanto a la generación eléctrica, el uso de combustible y la afectación de servicios vitales para la población”. Para compensar la postergación, se decidió liberar de sus funciones laborales a los delegados cuya labor lo permitiera, en busca de incrementar el vínculo y la atención hacia sus electores.
La decisión de posponer las reuniones generó numerosas dudas entre el electorado. Los adversarios del proceso revolucionario cubano aprovecharon esta situación para criticar al gobierno, alegando que la postergación se debió a «debilidades del régimen» y a un temor del gobierno ante el descontento popular por la escasez de alimentos, medicinas y electricidad. Según estos críticos, las reuniones de rendición de cuentas podrían haberse utilizado como una forma de resistencia pasiva o incluso violenta, o como una vía para bloquear el apoyo que generan los eventos de masas “al régimen comunista”.
Las razones oficiales tergiversadas por “la oposición” tenían una perspectiva diferente, enfocadas en desafíos prácticos y confiados en que la mayoría del electorado, junto con las organizaciones políticas, de masas y sociales, respondería a la lógica revolucionaria de apoyo y resistencia dentro del modelo del socialismo cubano.
En ese contexto, los presidentes de las asambleas municipales adoptaron medidas para mantener un control y análisis sistemáticos sobre la gestión de las administraciones locales, con el objetivo de asegurar que, incluso en medio de las limitaciones de recursos, se atendieran y resolvieran los planteamientos, quejas y peticiones de la población, dentro del marco de lo posible, sin dejar de reconocer que, el nivel de incertidumbre al respecto, iba ganando cuerpo.
Despejada la incógnita, ya se oficializó que el próximo proceso de reuniones de rendición de cuentas está programado a realizarse entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre de este año, un momento crucial para evaluar la gestión de los delegados y fortalecer su vínculo con los electores, ejercicio de transparencia y compromiso, fundamental para el buen funcionamiento del sistema político cubano y para atender de manera efectiva las necesidades y preocupaciones de la población.
Las demás fórmulas que incluyen los despachos semanales y encuentros fortuitos son apreciadas por los electores, pero no llegan a tener la dimensión de las reuniones porque en estas, además, los vecinos ventilan sus problemas de manera colectiva, ejerciendo como un mecanismo de control democrático y compartido, y los delegados están obligados a demostrar destrezas y compromiso, en favor del bienestar colectivo.
A medida que el país enfrenta desafíos significativos, ya sabemos cuántos, la conexión y la comunicación abierta entre los representantes del pueblo y los ciudadanos, son más decisivas que nunca.
