Esta semana, los directivos del recién establecido Instituto de Comunicación Social comparecieron en la Mesa Redonda de la Televisión Nacional para informarnos sobre el progreso de la ley aprobada en la sesión del pasado mes de mayo en el parlamento cubano. La premisa de esta ley es destacar y compartir «la verdad en la que el pueblo es el protagonista fundamental todos los días”, según la apreciación del primer secretario del partido y presidente de la república Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
En este sentido, aún hay mucho por hacer. En primer lugar, es necesario estudiar la ley para comprenderla, ya que todas las expresiones en ella están dirigidas a las personas que participan en los procesos de estructuración, construcción y asimilación de las políticas públicas que, definitivamente, nos deben llevar a la transformación de los barrios, las comunidades y los espacios públicos en los que nos desenvolvemos.
Muchos no han comprendido que esta ley está pensada para el beneficio de todos, ya que, una vez que entre en vigor, teóricamente garantizará «los intereses, preocupaciones, necesidades y valores de los ciudadanos»; se convertirá en una norma jurídica vinculante que influirá en todos los aspectos de la vida y se convertirá en un recurso estratégico para dirigir el desarrollo económico, social y cultural, así como para que los actores públicos rindan cuentas ante los ciudadanos cubanos.
Ahora bien, no se puede negar que en estos tiempos un gran por ciento de las personas, específicamente aquellas menos vinculadas con la intelectualidad, no han mostrado mucho interés en esta ley y al parecer, sus preocupaciones actuales se centran más en cuestiones relacionadas con la alimentación que escasea, los altos precios que siguen en ascenso, y la falta de dinero físico para adquirir los pocos productos disponibles en el mercado informal.
Los directivos del nuevo instituto de comunicación social hicieron hincapié en el papel de los medios de prensa, considerando que esta ley les ayudará a legitimarse ante las entidades y organizaciones económicas que aún se resisten a cumplir con la obligación de informar adecuadamente, además de que los protegerá en caso de que tengan que ejercer autogestión económica parcial o total, mientras que sus directivos deberán asumir una mayor responsabilidad por sus decisiones, de acuerdo con la línea editorial de los medios que dirigen.
La ley de comunicación deberá convertirse en un proceso constante de aprendizaje con el objetivo de fomentar una cultura comunicacional más amplia entre las personas y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano a la información, la comunicación y el conocimiento.
