De acuerdo con la página digital del Ministerio de la Agricultura (Minag), se trata de un marco regulatorio jurídico para la instrumentación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, que tiene como ejes estratégicos la sustitución de importaciones y el desarrollo de los recursos endógenos de los territorios.
La isla tiene entre sus prioridades alcanzar la soberanía alimentaria para garantizar la disponibilidad, el acceso y la estabilidad de los alimentos, por lo que la Ley SSAN establece las obligaciones específicas del Estado para lograr, progresivamente, la alimentación sana y adecuada de toda la población.
Ese instrumento legal cuenta con el apoyo técnico y logístico del Proyecto de Colaboración Internacional Fortalecimiento de Políticas Públicas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba, del Programa País Cuba, financiado por la Unión Europea e implementado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Por primera vez establecerá en el ordenamiento jurídico nacional los conceptos de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, derecho a la alimentación sana y adecuada, sus principios y las obligaciones gubernamentales respecto a ese derecho.
También concibe los mecanismos para la garantía de la calidad e inocuidad de a comida, la disminución de las pérdidas y desperdicios, y la movilización de sistemas educacionales, culturales y de la comunicación social para fortalecer la sabiduría alimentaria y nutricional.
Dicho proceso transcurre en medio de una situación compleja en la producción, disponibilidad, acceso, estabilidad y consumo de alimentos, debido al recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, y del deterioro progresivo de los recursos naturales.
También se desarrolla en un escenario de crecientes eventos climáticos extremos, y la carencia de recursos financieros agravada por los efectos de la pandemia de la Covid-19.
De ahí, que para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la mayoría de la población, se precisa la aprobación de un marco regulatorio específico, así como la implementación de las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria.
