El tema migratorio volvió a la palestra luego de que los Carabineros desalojaran a indocumentados, en su mayoría venezolanos, de la Plaza Brasil, en la norteña ciudad de Iquique, y poco después manifestantes quemaran carpas, colchones, coches de niños y otras de sus pertenencias.
Los actos de violencia y xenofobia provocaron el repudio de la Organización de Naciones Unidas y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), así como de agrupaciones sociales y dirigentes políticos chilenos que responsabilizan al gobierno de Sebastián Piñera por el mal manejo de la crisis.
‘Estamos frente a una vergüenza nacional que efectivamente ha producido un daño internacional’, declaró a la prensa el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.
A raíz del escándalo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, anunció su decisión de recoger las 52 mil firmas necesarias para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con el objetivo de que explique el plan del gobierno frente a la crisis migratoria y humanitaria.
La cámara baja también debatió esta semana una iniciativa, presentada por la oposición, para un cuarto retiro del fondo de pensiones que permita enfrentar la crisis generada por la Covid-19.
El proyecto fue aprobado con 94 votos a favor (uno más del necesario), 39 en contra y nueve abstenciones, a pesar de las presiones del presidente Piñera y de varios de sus ministros a los legisladores del oficialismo para impedir su curso en el Parlamento.
De prosperar en el Senado el cuarto retiro del 10 por ciento del fondo de pensiones, millones de ahorristas podrán extraer de allí entre mil 289 y cinco mil 650 dólares, en dependencia del monto acumulado.
Otro tema que acaparó la atención en los últimos siete días en Chile fue la decisión de los diputados de legislar sobre un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas.
La propuesta, adoptada luego de un largo debate, contó con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones.
Ahora deberá ser revisada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género del cuerpo legislativo para luego volver a ser sometida a votación en la sala, antes de pasar al Senado.
En Chile este procedimiento sólo es permitido en caso de inviabilidad fetal, violación o riesgo para la vida de la madre, y quienes incumplan esta disposición pueden ser sancionados con hasta cinco años de prisión.
Con pancartas y pañuelos verdes, mujeres chilenas participaron el martes en manifestaciones en diferentes puntos del país para apoyar el proyecto, con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.
