Según el inventario nacional presentado esta semana, algunas de esas regiones demuestran tener una capacidad adaptativa muy reducida, lo cual se manifiesta a través de los efectos de las intensas lluvias y los extensos períodos de sequía.
De acuerdo con el estudio, esta situación genera afectaciones en las actividades agropecuarias, sociales y en el nivel del mar, lo que produce la lenta desaparición de territorios en la vertiente atlántica y pacífica del país.
‘Y no solo se trata de la pérdida de tierra, sino también impactos irreversibles como la acidificación de los océanos, intrusión salina, pérdida de biodiversidad, degradación forestal y en algunas ocasiones pérdidas de vidas’, precisó la directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Ligia Castro.
Por ello, trabajamos en una perspectiva de acción orientada a la descarbonización de la economía, la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo climático, que nos permita incrementar la resiliencia a nivel nacional, local y sectorial, acotó.
Como resultado de esta estrategia estudiaron una serie de indicadores climáticos, biofísicos y socioeconómicos que ayudaron a identificar los territorios más propensos a las amenazas para lograr su adaptación, subrayó.
Explicó que, una vez concluido el Índice de Vulnerabilidad, prevén la elaboración de los mapas de riesgo por sector económico y un estudio de fragilidad costera, ante el inminente aumento del nivel del mar en algunas áreas de la nación istmeña.
A juicio de Alba Milena Ruíz, especialista en Adaptación al Cambio Climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la falta de un abordaje integral ante la gestión del riesgo de desastres constituye uno los desafíos más importantes que debe superar Latinoamérica para enfrentar este fenómeno.
