En septiembre de 2020 resultó detenida en la ciudad colombiana de Barranquilla la ciudadana venezolana Yacsy Alejandra Álvarez, una de las implicadas en la fase organizativa de la incursión armada del 3 de mayo de ese año, dirigida por la empresa estadounidense de seguridad Silvercorp.
Al ofrecer declaraciones a Noticias Caracol desde su lugar de reclusión, reseñadas por Venezolana de Televisión (VTV), Álvarez reveló detalles sobre el rol de la administración de Iván Duque en los planes para asesinar al mandatario Nicolás Maduro e instaurar un gobierno de facto.
La procesada señaló que siempre mantuvo contacto con las autoridades colombianas; ‘la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tenía claro la Operación Gedeón, sabían todo’, indicó al denunciar las pretensiones de las autoridades de usarla para encubrir el intento de golpe de Estado en el vecino país.
Asimismo, Álvarez identificó a un funcionario nombrado Franklin Sánchez como el agente de la DNI responsabilizado de darle indicaciones para cuidar su seguridad durante el período de entrenamiento de los mercenarios en varios campamentos ubicados en la localidad de Riohacha, situación denunciada con anterioridad por Caracas.
La mujer aseguró que la conexión con la inteligencia colombiana fue ‘constante y cercana’ con ella y el general desertor venezolano Cliver Alcalá, quien confesara públicamente su participación en los planes conspirativos, antes de entregarse a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
El gobierno de Duque acusa a Álvarez de ser la autora del transporte de armas descubiertas casualmente y sin querer por la policía de Riohacha, cercana a la base de operaciones clandestinas al norte de Colombia, y que posteriormente el propio Alcalá confirmó como parte del armamento que sería usado para la invasión a Venezuela.
De acuerdo con evidencias aportadas por el Gobierno venezolano, incluidos testimonios de mercenarios estadounidenses capturados durante la fracasada Operación Gedeón, esta incursión paramilitar contó con la organización y ejecución de Silvercorp, propiedad del veterano de las fuerzas especiales estadounidense Jordan Goudreau.
Creada en marzo de 2018 con el supuesto fin de proveer asesoría en materia de seguridad y servicios de protección -en este ámbito tuvo nexos comprobados con la administración de Donald Trump-, Silvercorp asumió los preparativos de la agresión, y jugaría además un rol fundamental en el escenario posterior a la operación.
Los términos de la incursión terrorista y las responsabilidades de las partes involucradas en el proyecto belicista quedaron plasmados en un contrato firmado por Goudreau y personeros del extremismo opositor venezolano, encabezado por el otrora diputado Juan Guaidó, reconocido por la Casa Blanca en enero de 2019 como ‘presidente encargado’.
El acuerdo contemplaba en primer lugar la eliminación física del presidente Nicolás Maduro y otros miembros del alto mando político-militar de la nación, como parte de un plan mayor dirigido a la ocupación militar prolongada del país a manos de un ejército privado.
Silvercorp permanecería en territorio venezolano por un período de 495 días continuos como fuerza de seguridad del gobierno usurpador liderado por Juan Guaidó a los fines de ‘estabilizar el país’, en una modalidad de ente supraconstitucional que actuaría por encima de los poderes del Estado.
En octubre de 2020, el propio Goudreau reveló vínculos de funcionarios cercanos al Gobierno de Estados Unidos con la Operación Gedeón contra Venezuela, al aportar datos de sus contactos con funcionarios de la administración Trump que impulsaron el proyecto. (Wiliam Urquijo Pascual)
Autor
Prensa Latina
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