Washington, 24 dic.— Una docena de estados norteamericanos rechaza hoy la construcción del controvertido oleoducto Keystone XL por violaciones a la protección de la vida silvestre y las especies en peligro de desaparecer, según documentos judiciales.
Los territorios interpusieron una demanda que cuestiona la legalidad de la reautorización dada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para edificar líneas eléctricas, tuberías y proyectos de servicios públicos que llevan a invasiones de humedales y otras aguas de Estados Unidos.
De acuerdo con el desafío legal, el permiso para la obra fue aprobado sin consultar a las agencias federales sobre el impacto ambiental, en violación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
Presentada ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, la iniciativa de los estados apoya una impugnación de diversos ambientalistas liderados por la organización Northern Plains Resource Council.
Reportes de prensa recordaron que a principios de este año, un tribunal federal dictaminó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército violó la Ley de Especies en Peligro de Extinción y anuló el permiso para la construcción acelerada de dicha infraestructura, a la cual se oponen igualmente grupos nativos.
Sin embargo, la firma detrás del proyecto, la canadiense TC Energy, apeló tal decisión en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Keystone es un sistema de oleoductos que mueve petróleo desde la provincia de Alberta, Canadá, hasta los estados norteamericanos de Illinois, Oklahoma y Texas, y sus tres primeras fases están operativas.
Conocida como Keystone XL, la cuarta fase podría afectar a tierras consideradas sagradas por los pueblos originarios y perjudicar el entorno, recalcan ecologistas e indígenas en diversos espacios.
Barack Obama, presidente norteamericano de 2009 a 2017, bloqueó los permisos para el polémico oleoducto en 2015, al tomar en cuenta el impacto de las arenas petrolíferas sobre el cambio climático; pero su sucesor, Donald Trump, revirtió esa decisión tras asumir el cargo, cuyo fin acontencerá el 20 de enero.
