Santiago de Cuba, 9 dic.— El grupo temporal encargado de enfrentar las alteraciones de los precios en la provincia de Santiago de Cuba analizó las acciones a implementar para el monitoreo, regulación y control de las violaciones de lo establecido y la aplicación de cobros especulativos a la población.
Este es un problema que genera disgusto, inseguridad e innecesarias carencias a la población, a partir de acciones como el ocultamiento de mercancías para venderlas a precios más altos a otros comercializadores, el desabastecimiento intencionado al retirar de la oferta productos y servicios para elevar los precios, y el acaparamiento, reventa y especulación a partir de las ofertas estatales.
Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora en el territorio, dijo que es preciso comenzar con la divulgación de los precios minoristas aprobados para cada producto y servicio a la población, tanto del sector estatal como no estatal, y la convocatoria a la población y a las organizaciones de las comunidades para apoyar en el control popular de su aplicación.
En tal sentido se habilitan teléfonos en todos los municipios para recibir las quejas e informaciones sobre el particular.
Será necesario solucionar los problemas de acopio, abundó, pues se pierden frutos y vegetales en la montaña que van a los revendedores, para lo que es necesario enrutar esas producciones y organizar a los carretilleros y vendedores ambulantes por áreas en cada municipio.
En reuniones con trabajadores no estatales agrupados por tipo de actividad y representados por sus respectivos sindicatos, se explicará la necesidad de respetar los precios aprobados, así como las medidas a adoptar en los casos en que se detecten violaciones, acotó.
No podemos ser pasivos ni contemplativos con las cosas que están afectando a la población, concluyó.
Para alcanzar lo propuesto funcionarán grupos de trabajo en todos los territorios, integrados por los organismos de supervisión y control, así como por representantes de los Consejos Populares que harán visitas sorpresivas a diferentes instalaciones de comercialización y servicios.
Las inspecciones incluirán instalaciones gastronómicas, puntos de venta de productos agropecuarios, panaderías y dulcerías, servicios de reparación y mantenimiento de enseres del hogar y electrodomésticos, barberías y peluquerías, transporte, cuidado de niños, enfermos y ancianos, servicios constructivos y otros.
Entre las acciones se incluye el control de la entrada de viandas y vegetales al territorio, restablecer el enrutamiento y los precios del transporte privado de pasajeros, tramitar con los órganos policiales las medidas con quienes resulten reincidentes y acaparadores, y el control sistemático de los resultados.
En diferentes acciones de enfrentamiento, desde el 27 de noviembre al seis de diciembre se han visitado 580 centros, donde se impusieron 187 multas por un monto superior a los 139 mil pesos, de ellas 20 a trabajadores ilegales, por un total de 40 mil pesos, además del decomiso de productos e instrumentos utilizados para el ejercicio de esas actividades ilícitas. (Carlos Alberto Gonce Socías)
