La Paz, 16 ene.— La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia continuará hoy analizando el informe de la comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, que analizó las gestiones gubernamentales neoliberales desde 1985 hasta el 2005.
Aunque trascendieron aspectos importantes del documento de dos mil 700 páginas y dividido en tres tomos, que halló un daño económico de unos 21 mil millones de dólares e identifica a 55 responsables, la bancada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) prefiere no anticipar las conclusiones ni tampoco las recomendaciones.
Sí se adelantó que los pormenores del informe pasarán a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Justicia y también a la Procuraduría General para futuras acciones legales, que podrían involucrar incluso a candidatos a las venideras elecciones presidenciales.
Es un tema de necesidad lógica, histórica y también de necesidad moral ante la historia, de la que se requería hacer un balance del mismo y un informe muy estricto, señaló el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.
La víspera se aprobó en la Asamblea el Decreto Presidencial que establece concesiones de amnistía e indulto por razones humanitarias y regula su procedimiento, para beneficio de dos mil personas en prisión.
Esta norma favorecerá con amnistía a mujeres embarazadas o con hijos lactantes, personas con la custodia exclusiva de un menor o con discapacidad grave o muy grave, y a reclusos a partir de los 58 años.
De 2012 a 2015 unas seis mil personas fueron beneficiadas con medidas similares, de ellas cuatro mil 958 hombres y mil 578 mujeres.
