La Habana.— Como una normativa que desde su raíz persigue el diálogo social y la búsqueda de consensos, se alza la Ley número 162/2023 Ley de Comunicación Social, publicada la víspera en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, junto a sus respectivos reglamentos.
Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), expresó a la prensa, en esta capital, que se trata de un momento trascendental para ese campo en Cuba porque demuestra la voluntad política de transformar la comunicación social en beneficio del modelo socioeconómico y político de la nación.
Estamos ante una normativa inédita en la mayor de las Antillas porque conceptualiza y regula los procesos comunicativos en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario que son convergentes, así como su expresión en espacios físicos, públicos y digitales, anotó.
Contiene también los principios de organización y funcionamiento para todos los medios del territorio nacional, dijo.
La Ley, explicó el vicepresidente del IICS, cumple varios mandatos constitucionales entre ellos el reconocimiento a Cuba como Estado socialista de derecho y tiene un carácter inclusivo, pues establece que todos los ciudadanos, sin distinciones, tienen el beneficio de crear y compartir información.
Indica, además, la obligación a la transparencia en la comunicación con la cual deben trabajar los servidores públicos y marca pautas para el ejercicio de la prensa en el país, incluida la extranjera acreditada, refirió.
En la norma figura el derecho colectivo a solicitar y recibir información, resaltó.
Más de 40 años de debates y aspiraciones de sectores profesionales y académicos llegan este miércoles a un punto crucial, porque los planteamientos de quienes participaron en su elaboración y corrección, en función de cambiar el escenario comunicacional cubano, se encuentran reflejados en la Ley, añadió.
Ha sido fundamental el aporte de más de siete mil personas de organizaciones como la Unión de Periodistas de Cuba y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, acompañados por expertos de las universidades, empresarios y los medios de prensa, quienes la enriquecieron con sus saberes de manera consensuada, enfatizó Castillo Corderí.
La máxima dirección del Estado y el Gobierno cubanos han asumido la comunicación como un elemento estratégico en la gestión de ambos, porque representa un pilar en la labor político-ideológica del Partido Comunista de Cuba para garantizar la defensa y continuidad de la Revolución, añadió.
Castillo Corderí aclaró que no se trata de un instrumento jurídico reducido a un gremio específico, sino que atañe a toda la sociedad en función de que el pueblo y la administración pública se comuniquen mejor y de que exista mayor participación y control popular.
La Ley de Comunicación Social entrará en vigor pasados 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial.
