Autores: Yahili Hernández y Lia Hernández/Estudiante Periodismo
A Eddy Moya, estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, le preguntan por las 176 transformaciones económicas y sociales, aprobadas en junio último por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y se pone a pensar. «¿Qué va a pasar con las conquistas históricas del país?», pregunta.
Por su parte, Adrián Mena, joven habanero de 26 años, es un poco menos escéptico. Dice que las medidas abrirán oportunidades de crecimiento para los jóvenes; pero también se pregunta si el creciente sector particular se dedicará a producir o a revender y, con ello, a encarecer los productos.
En Camagüey, el ingeniero Tomás Gómez, de 33 años de edad, acomoda las mercancías para llevarlas a su negocio familiar y mientras lo hace, pregunta: «¿Por qué si somos capaces de triunfar en otras naciones, no podemos hacerlo en nuestra Patria, cerquita de nuestras familias?», reflexiona al comentar las transformaciones.
En la misma ciudad, Arminda González Hernández, de 81 años, jubilada de la industria azucarera, reconoce que Cuba tiene que cambiar, porque la cuenta hace rato que no da. Sin embargo, aclara: «Hay que pensar bien qué se hará para aliviar el costo de nuestras vidas, y que lo que se haga no se diluya en más expectativas».
Como ha dicho el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el objetivo esencial de todo el proceso es «elevar la calidad de vida de la población» y «los cambios deben impulsar las capacidades productivas y con ello habrá más oferta, lo que en lo adelante debe contribuir a la disminución, poco a poco, de los precios, y a contener la inflación».
Por eso, nadie escapa de ellas y la implementación de las transformaciones continúan generando profundos debates dentro de la población. A pesar de que se anuncian como la actualización lógica para el desarrollo del modelo socialista, defendido desde 1959, entre no pocas personas persisten dudas sobre su efectividad a corto plazo, el impacto en la calidad de vida de la ciudadanía y las trabas estructurales que limitan su correcta aplicación.
Juventud Rebelde abordó este tema en las calles de Pinar del Río, Camagüey y La Habana con reflexiones que permitieron dialogar con una realidad que preocupa a muchos: ¿Las 176 transformaciones pueden ser el comienzo de una nueva etapa o quedarse en un catálogo de buenas intenciones? ¿Su gente las sienten? ¿Serán las propuestas económicas financieras un parche o el proyecto de nación al que aspira y merece este pueblo?
No temerle al cambio
Desde la academia, el análisis de las decisiones abarca tanto su audacia económica como sus implicaciones sociales. Al respecto, el actual director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Juan Alejandro Triana Barros, considera que no existe medida que por sí sola solucione integralmente las vulnerabilidades que afectan a la población cubana.
«Es ingenuo pensar que podríamos observar resultados en pocos meses, sobre todo, cuando tenemos elementos externos que tienen mucho mayor peso actualmente en la profundización de la brecha social que la gestión del Gobierno, además de la desatención a grupos poblacionales vulnerables», apunta.
Uno de los puntos que considera más relevantes, es la intención de sustituir gradualmente los subsidios a productos por subsidios a personas que realmente lo necesiten. En términos teóricos, valora de manera positiva esta transformación que, según recuerda, se discute desde hace décadas en el ámbito académico.
«La realidad es que la medida tendrá costos en todas las dimensiones. Los ciudadanos que parten de una mejor posición van a sufrirlo menos, quizá incluso hasta mejoren su estatus, y las personas que partan de una posición más vulnerable, pues van a sentirlo mucho más e, incluso, quizá empeoren sus condiciones de vida», reflexionó.
De acuerdo con el economista, mitigar el impacto sobre los sectores económicos más necesitados será un proceso muy complejo. «La implementación de estas medidas se basan en el acceso a divisas a través de la inversión extranjera, de las exportaciones y de las remesas. Esas tres bases han sido laceradas de una manera brutal. Las exportaciones cubanas han sido dañadas por las sanciones estadounidense, de manera directa, incluso en el sector privado pudiente y pujante. La inversión extranjera igual. Se castiga al que decide invertir en Cuba».
En consecuencia, acota el investigador, más que evitar los daños debemos enfocarnos en reducirlos. Para ello, es precisa una acción consciente del Gobierno cubano, desde la superestructura, pero que no sea únicamente vertical, sino que se horizontalice a los territorios.
Otra mirada no menos importante la aporta el Doctor en Ciencias Económicas Héctor Rodríguez Pérez, profesor de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz, quien consideró que las transformaciones no son ni simples ni sencillas, sino fuertes, elementales y necesarias, aunque reconoció que, «no se está plenamente preparado para asumirlas de golpe y porrazo, pero tampoco se puede renunciar a ellas y mucho menos tenerle miedo al cambio».
Con más de 40 años de docencia en el centro agramontino, advierte también que, ante el enorme reto impuesto, los cambios actuales «hay que asumirlos como un sistema integral, el cual posee como misión la de fortalecer y consolidar el sistema tributario cubano, garante de las finanzas públicas y sustento de toda nación».
Urgencias de transformarse
En la misma cuerda del Director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Elena Julia Real Castro, directora de la mipyme estatal NovaXass, empresa vueltabajera desarrolladora de software, califica el proceso como un auténtico «proyecto de nación» que puede consolidarse, aunque subraya y reitera que requiere para ello de cuadros altamente capacitados y con profundos deseos de hacer.
Según Real Castro, el primer eje estratégico —enfocado en el sector empresarial— debe abrir paso a la generación de riquezas para beneficiar directamente a los trabajadores, a la vez que reconoce «esto no es una carrera, es algo que se debe lograr sin prisa, pero sin pausa».
La también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular insiste en que las transformaciones han chocado en el sector no estatal con una subida desenfrenada de precios que el pueblo siente sobre sus espaldas. El incremento inflacionario y las tensiones en el costo de la vida, dijo, hacen que muchos hoy se cuestionen la efectividad de las medidas en el corto plazo, y les preocupa sobremanera que este impacto negativo lejos de minimizarse se extienda en el tiempo y profundice.
A juicio de Real Castro, para que los cambios surtan efecto, los municipios deben erigirse como la célula principal de la sociedad, dotados de autonomía y de actores económicos con verdadera capacidad de gestión.
En esa misma línea de pensamiento, la Doctora en Ciencias Contables y Financieras Inés Josefina Torres Mora, miembro del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, definió la etapa actual como «el proceso de transformación más profundo, integral y multidimensional vivido en el país, que tiene como esencia la descentralización, al situar a la empresa (estatal y privada) y al municipio como sus células fundamentales».
Según su criterio, se plantea un cambio que enfatiza, como nunca antes, que el desafío no es solo económico o social, sino que radica principalmente en la capacidad de los cuadros y directivos de identificar sus potencialidades económicas y desarrollarlas, que implica la participación activa del pueblo.
Al respecto, el Doctor en Ciencias Económicas y premio nacional de Contabilidad por la Obra de la Vida en 2025, Antonio Sánchez Batista, señala que las medidas son, además de necesarias, la contrapartida para dinamizar e introducir el mercado en las relaciones económicas de producción, las que necesitan desterrar su inmovilismo y desatar las fuerzas productivas, en aras de lograr rendimientos financieros dentro de la legalidad socialista.
El experto subrayó que las 176 transformaciones llegan justo porque el país tiene que enfrentar y superar, además de la incidencia violenta del bloqueo que impide la entrada total de capital extranjero para su desarrollo, la depreciación de sus finanzas, lo que dificulta preservar, consolidar y desarrollar los servicios sociales, sus conquistas. «El desafío político-social de este novedoso y complejo escenario nacional es lograr la transformación económica y la defensa del socialismo», afirmó.
En un contexto de necesarias alianzas público-privadas, la creación de estructuras para lograrlas, en las que el Estado aporta instalaciones y personal, mientras el privado ofrece capital para generar valor y empleo, no pueden caer en sacos rotos. En tal sentido, analizó desde una postura crítica y ética las deficiencias del sistema de control y de gestión financiera en Cuba.
El duro día a día
En Cuba existe un debate sobre si estas medidas conducen al capitalismo o si el país es capaz de liderar este proceso sin perder su esencia. Y con ellas están las batallas diarias que quitan el sueño a más de una familia cubana, pues aun cuando el Director del Centro de Estudios de la Economía Cubana alerte que el impacto de las medidas no se verá a la vuelta de la esquina, los cubanos necesitan saber si con ellas no estará en juego el bienestar de los más humildes.
La mala aplicación de las leyes de oferta y demanda preocupa sobremanera principalmente a quienes dependen de una jubilación y a aquellos que permanecen empleados en sectores presupuestados.
De acuerdo con el estudiante Eddy Moya las medidas eran un cambio históricamente necesario, sobre todo en los tiempos del período especial, cuando el país atravesó una de sus etapas más complejas. Junto con la preocupación por preservar las conquistas del país, a su criterio ellas se implementan en un contexto muy difícil.
«Se esperó demasiado tiempo para ello —dice— y hoy los indicadores del país son complejos. Esta situación, sumada a un contexto internacional complejo, hace que sea difícil que se sienta una mejoría a corto o mediano plazos y tampoco estamos seguros de qué ocurrirá después. También temo que pueda provocar muchas más desigualdades de las ya existentes».
Otros, como Jorge Luis Crespo Toledano, mantienen la confianza de que precisamente estas transformaciones beneficien a ancianos vulnerables. Su experiencia como cocinero del Sistema de Atención a la Familia del capitalino municipio de Regla, le ha permitido analizar que con el aporte de empresas del sector no presupuestado puede mejorar de forma considerable el servicio a la tercera edad.
«Hace ya un año aquí existía una mipyme de la Agricultura que atendía a todos los SAF y cada tres días enviaba viandas y sazones», señaló Crespo Toledo. No obstante, manifiesta sus reservas respecto a la efectividad de alternativas como los incipientes mercados de barrio para el resto de la población, pues según alerta: «He visto en ellos productos incluso más caros que en el resto de las mipymes».
Entre los nuevos actores económicos también persisten preocupaciones sobre los conflictos que podrían surgir en la aplicación de las medidas. De acuerdo con Gabriel Pérez, joven dueño de la empresa Bacoretto de productos alimenticios sin gluten, persisten la burocracia y ciertos prejuicios en niveles intermedios de dirección.
«A ello se le suma la crisis energética, el deterioro de la infraestructura y un laberinto logístico que nos obliga a resolver por cuenta propia problemas de abastecimiento, transporte y acceso a divisas. Además, el sector privado funciona muchas veces como islas separadas sin cadenas de suministro estables ni capacidad para resolver los problemas sistémicos de forma colectiva», aseguró.
No obstante, reconoce que oportunidades como la eliminación del límite de trabajadores les da holgura para crecer y traducirse en contratos con el sector estatal, el turismo o los mercados locales.
En Pinar del Río los ejemplos en la implementación de las transformaciones encuentran formas diversas en empresas como la Pesquera Industrial La Coloma, la de Acopio y la Agroindustrial Enrique Troncoso. Cada una ha sido capaz de establecer alianzas productivas con otros actores, diversificar sus producciones, y aunque disponen de una planeación estratégica, aún les queda mucho camino por recorrer para lograr autonomías suficientes que las empoderen con solidez dentro del sistema empresarial cubano e impacten de forma positiva en el bolsillo doméstico.
El gran desafío
En Camagüey, Arminda González Hernández, quien cuida de su esposo desde hace más de tres años, dice que hay que hacer cambios; pero insiste en la necesidad de hacer bien las cosas para aliviar el costo de la vida. Por su parte, Tomás Gómez opina que, a pesar de las dificultades, el país no está parado.
A los 33 años de edad, la vida lo llevó a trabajar a México, Guyana y Surinam, en busca de mejoras económicas y capital para invertir en su negocio familiar. «Mi país es una escuela de talento y profesionalidad, a pesar de sus carencias. Yo lo sé bien», opina mientras carga en su «riquimbili» eléctrico las mercancías para su emprendimiento.
Las medidas planteadas proponen un cambio total en la mentalidad de decisores, empresarios, cuadros, funcionarios y líderes de procesos productivos, para desarrollar las indispensables exportaciones e importaciones, el comercio y las relaciones entre los privados y el sector estatal, lo cual demanda de una osadía tremenda y conocimientos que no todos poseen.
Por ese motivo los entrevistados coinciden en que la actual etapa es ciertamente un escenario de transformaciones sistémicas inéditas para Cuba, de desafíos colosales y de un cambio profundo en la manera en cómo se conducía su economía.
Un criterio muy particular sostiene el joven Pedro Luis Mena Ampudia, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca y presidente de la cooperativa de créditos y servicios Benigno Acosta, para quien las transformaciones poseen una validez innegable y buscan construir un proyecto de nación diferente.
No obstante, advierte que manejar el capital y adoptar medidas asociadas a lógicas de producción, en alguna medida capitalistas, implica flexibilizar determinados principios concebidos históricamente, lo que exige diseñar y sostener con rigor una sociedad en la que los valores y el ser humano continúen como centro.
Sortear obstáculos
Todos reconocen que el camino de la implementación no será fácil ni llano, y dependerá en primera instancia delas capacidades a nivel local para asumir los cambios y desprenderse de métodos de trabajo arcaicos.
Mena Ampudia señala el reto de evitar que las medidas fracasen por la falta de preparación de los decisores territoriales y por la posible contradicción con normativas jurídicas prestablecidas que requerirán ser derogadas o modificadas, un asunto sobre el que se trabaja de forma acelerada.
Así, cada sector tiene sus particularidades, por lo que las transformaciones no serán una camisa de fuerza, sino que tienen que convertirse en un traje a la medida en cada lugar, como ha reclamado la máxima dirección del país. La percepción en la base social refleja un sentimiento de cautela y escepticismo, mientras que las expectativas gubernamentales apuntan a un relanzamiento económico.
Sin embargo, la realidad cotidiana de la población muestra que cuestiones básicas —como el acceso limitado a efectivo, las restricciones en transferencias bancarias y la constante devaluación del poder adquisitivo— continúan sin resolverse plenamente.
Quizá por ello se le quiebren las esperanzas al pinareño Pedro Cruz, jubilado y damnificado del ciclón Ian, a quien no le alcanza su jubilación para cubrir la canasta básica y los medicamentos, mucho menos para levantar desde los cimientos su antigua casa de madera maltrecha por los vientos huracanados de septiembre de 2022, que no solo resintieron los horcones de su antiguo hogar, sino su propia fe en un futuro mejor.
Los especialistas coinciden en que el éxito de estas 176 transformaciones no dependerá solo de su concepción teórica o de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial aplicadas desde la superestructura, sino de la participación activa de los trabajadores y ciudadanos, quienes deben sentirse parte fundamental de un proceso que exige, por encima de todo, coherencia legislativa, autonomía real y justicia social.
