Autor: Wennys Díaz Ballaga
Las nuevas reglas sobre gestión estratégica del desarrollo territorial, publicadas en la Gaceta Oficial ordinaria número 87, buscan aprovechar mejor los recursos propios, alinear esfuerzos entre actores económicos y sociales, y conectar la planificación con lo que realmente necesita la gente.
Los cambios están contenidos en el Decreto 174 del Consejo de Ministros, que reemplaza al Decreto 33 de 2021 y lo acompañan resoluciones de los ministerios de Economía y de Finanzas y Precios, y del Banco Central de Cuba.
En este paquete queda claro qué le toca hacer a cada autoridad, cómo se deben aprobar y ejecutar los proyectos, y de dónde puede venir el financiamiento. La meta es clara: empujar el desarrollo económico y social de manera sostenible y mejorar la calidad de vida.
PLANIFICAR CON LOS PIES EN LA TIERRA
El Decreto 174 define el desarrollo local como un proceso participativo, pensado desde dentro de cada comunidad, usando lo que se tiene a mano y aprovechando al máximo las características propias de cada territorio.
No se trata de lanzar iniciativas sueltas. Hay que identificar problemas reales, priorizar lo que urge y alinearlo siempre con las políticas nacionales y la realidad local. Por eso, las estrategias de desarrollo municipal y provincial son las brújulas del proceso.
El municipio se enfoca en resolver sus propias necesidades y busca un desarrollo sostenible, mientras la provincia se encarga de coordinar, unir intereses y manejar proyectos que necesitan la colaboración de varios municipios.
En este punto, al Consejo de la Administración Municipal (CAM) le toca entonces diseñar, ejecutar y revisar la estrategia municipal. El Gobernador hace lo mismo, pero a nivel provincial. En ambos casos, no basta con tener una estrategia: hay que presentarla, rendir cuentas y mostrar resultados.
Estas estrategias deben revisarse al menos una vez por año y actualizarse si algo cambia. Además, para planificar hay que tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial y urbanístico, el plan económico, el presupuesto y las estrategias ambientales. Eso incluye acciones frente al cambio climático. Todo lo que se programe debe armonizar los intereses a nivel municipal, provincial y nacional, cada cual, haciendo su parte, pero sin perder de vista el panorama más grande.
¿QUÉ PROYECTOS SALEN ADELANTE?
Los proyectos de desarrollo local son las herramientas para que esas estrategias no se queden en papel. El Decreto los define como un conjunto de recursos y acciones pensadas para mejorar la situación actual y generar beneficios económicos, sociales, ambientales o culturales en la comunidad.
Existen cinco tipos de proyectos: económicos-productivos, socioculturales, ambientales, institucionales, y de investigación, desarrollo e innovación.
Los económicos-productivos buscan crear bienes y servicios comerciables, incentivar la alimentación, exportar más, sustituir importaciones y aprovechar el turismo sostenible.
Los proyectos socioculturales están hechos para mejorar servicios sociales, potenciar la cultura local y proteger el patrimonio.
Los ambientales apuestan por el uso responsable de recursos naturales y la lucha contra el cambio climático.
Los institucionales quieren fortalecer al sector estatal para que gestione mejor el desarrollo local.
Los de innovación impulsan la ciencia y tecnología alineadas con lo que necesita cada territorio.
El proyecto lo pueden liderar entidades estatales, trabajadores por cuenta propia, cooperativas, organizaciones sociales, mipymes, dueños y usufructuarios de tierras, instituciones y personas naturales o jurídicas reconocidas legalmente.
Un proyecto puede tener uno o varios titulares. Si hay más de uno, se forma una asociación contractual (sin crear una nueva entidad legal), y ahí se decide todo: quién toma las decisiones, a quién representa el proyecto y quién gestiona la cuenta bancaria.
Eso sí, cada proyecto necesita un objeto social diferente a la actividad habitual de sus titulares. Y si entran en juego actividades que no están autorizadas para actores no estatales, entonces, debe haber participación estatal.
¿QUÉ HAY QUE HACER PARA QUE APRUEBEN UN PROYECTO?
El promotor tiene que llevar toda la documentación a la Dirección de Desarrollo Municipal o Territorial. El expediente debe incluir quiénes son los titulares, diagnóstico, objetivos, metas, cronograma, empleos que generará y de dónde saldrá el dinero. Los económicos-productivos deben traer un análisis de viabilidad económica; los demás, un costo-beneficio, más el impacto social y ambiental. El tiempo máximo para ejecutar un proyecto es de cinco años.
El CAM autoriza los proyectos municipales; a nivel provincial, decide el Gobernador con el visto bueno del Consejo Provincial. Para que un proyecto pase, debe encajar con la estrategia y tener garantizado el financiamiento.
Sobre la evaluación, la norma dispone que se deber revisar si contribuye a prioridades territoriales y nacionales, si aprovecha recursos locales, si utiliza fuentes renovables de energía y si crea empleos (sobre todo para mujeres y jóvenes). Pueden salir adelante proyectos que incluyan varios municipios, siempre que tenga sentido y haya coordinación.
Los proyectos se revisan al menos cada seis meses. Si no cumplen, pueden perder la autorización y liquidarse. Al final del plazo, los titulares pueden transformar su proyecto en alguna de las figuras económicas legales; si no lo hacen, toca liquidar y definir qué pasa con los bienes.
¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?
El Decreto 174 reconoce varias fuentes para financiar los proyectos: Fondo para el Desarrollo Local, fondos de fideicomiso, presupuesto del Gobierno Provincial, fondos ambientales y de ciencia e innovación, cooperación internacional, recursos propios de los actores locales, créditos bancarios y el presupuesto estatal. Es posible mezclar más de una fuente, juntos o en cooperación entre municipios.
Por regla, los económicos-productivos se financian con fideicomiso, aunque, si tienen actividades muy estratégicas para el territorio, pueden recibir dinero del Fondo para el Desarrollo Local. El Banco Central, con la Resolución 118/2026, explica cómo abrir cuentas corrientes en pesos cubanos o en divisas (si hay fuentes lícitas para obtenerla) y cómo solicitar créditos, que llevan un interés del 4 % a los bancos. También permite pedir créditos a los bancos con recursos propios, según la ley vigente y el riesgo.
El Ministerio de Finanzas y Precios actualizó, mediante la Resolución 202/2026, el financiamiento presupuestario y el tema impositivo y contable, y el Ministerio de Economía y Planificación, con la Resolución 70/2026, puso al día los métodos para hacer y gestionar estrategias y recursos.
UN RETO DE COORDINACIÓN Y CONTROL
Estas normas apuestan fuerte a la coordinación entre gobiernos locales, entidades estatales, actores no estatales, universidades, centros científicos, entre otros. Todos tienen que trabajar juntos.
El Decreto ordena que, en 180 días, debe haber una propuesta para institucionalizar la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (Padit) como espacio de coordinación. Los gobiernos locales tienen ese mismo periodo para revisar y ajustar los proyectos ya aprobados según las nuevas reglas.
En una idea sencilla, lo que dicen las normas es que hay que articular la planificación, los proyectos y el dinero. Ahora el reto es lograr identificar los problemas reales, mover los recursos y medir resultados de verdad. Hacen falta decisiones compartidas, seguimiento constante y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Estas normas no se medirán por la cantidad de papeles presentados, sino por lo que logren: producir más bienes y servicios, crear empleo, atender necesidades concretas y, en resumen, mejorar la vida de la gente.
