El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, frenó este viernes la pretensión de Texas de apropiarse de nueve islotes situados en el río Bravo, alegando que los límites fronterizos no pueden ser modificados por disposiciones locales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció, luego de que el Gobierno de Texas, en el sur de Estados Unidos, tomara la decisión unilateralmente, “no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional”.
La controversia se originó luego de que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunciara que la Oficina General de Tierras clasificó un tramo de 66 acres como propiedad estatal para destinarlo a labores de patrullaje con el respaldo de agencias de seguridad y departamentales.
Ante este escenario, la cancillería mexicana enfatizó que la soberanía territorial en la franja fronteriza se rige estrictamente por instrumentos bilaterales suscritos entre naciones soberanas y no por mandos estatales.
El gobierno mexicano recordó que el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que la línea divisoria internacional en el río Bravo transcurre exactamente por el centro del cauce normal del afluente.
Este principio determina de forma inalterable la titularidad de los terrenos en ambos lados, sin importar el estatus previo que se les pretenda adjudicar de manera interna.
Asimismo, la SRE enfatizó que «Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución», recordando que el marco legal prohíbe explícitamente levantar obras que, a juicio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del caudal.
