Tel Aviv, 18 feb.— Unos mil 200 académicos, rectores de universidades, exmilitares, exmagistrados y figuras de diversos sectores israelíes criticaron un proyecto de ley, que está hoy bajo revisión del Parlamento,que permitiría ejecutar a prisioneros palestinos condenados por ataques mortales.
“Nosotros, los abajo firmantes, nos oponemos firmemente al proyecto de ley sobre la pena de muerte que se debate actualmente en la Knesset (Legislativo) (…) y pedimos a los miembros de la Knesset que lo rechacen”, señalaron en un comunicado divulgado por la prensa nacional.
El texto está rubricado entre otros por el ex primer ministro Ehud Olmert y los otroras jefes del Estado Mayor del Ejército Dan Halutz y Moshe Ya’alon, así como por los Premios Nobel Ada Yonath, Aharon Ciechanover, Avram Hershko y Dan Shechtman.
La declaración, firmada también por cuatro exjueces de la Corte Suprema, enfatizó que “renovar el uso de la pena de muerte arrojaría una mancha moral sobre Israel” y afirma que es una medida extrema y absoluta, y que su justificación básica, la supuesta disuasión a los asesinos, no está respaldada por investigaciones científicas.
La petición señaló que la normativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, incluye disposiciones extremas e inusuales porque solo se usaría contra los palestinos que asesinen a israelíes y no al revés.
Recientemente, el Canal 13 reveló planes para establecer un complejo especial con el fin de llevar a cabo las ejecuciones y el desarrollo de procedimientos operativos sobre el tema.
Por su parte, el diario Haaretz destacó que el borrador legislativo establece explícitamente que las ejecuciones se realizarían mediante ahorcamiento, a cargo de un funcionario penitenciario especialmente designado, aunque previamente se anunció que usarían inyecciones letales.
El proyecto de ley fue presentado por la legisladora de extrema derecha Limor Son Har-Melech, del partido Otzma Yehudit, encabezado por Ben-Gvir.
Aunque ya superó la segunda y tercera lectura en la Knesset todavía no se ha fijado fecha para la votación final.
La legislación también concede inmunidad civil y penal total a los funcionarios implicados y prohíbe cualquier conmutación, apelación o anulación una vez dictada la sentencia de muerte.
