El XIII Congreso de la ANAP, que se desarrolló el pasado viernes y sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana, ha sido definido por Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, como un espacio clave para examinar problemas específicos, intercambiar experiencias exitosas y diseñar estrategias que impulsen la soberanía alimentaria.
El sector campesino y cooperativo es plenamente consciente de su gran responsabilidad y deber ante la crucial e ineludible tarea de incrementar la producción de alimentos para la población, especialmente en un contexto donde el Estado enfrenta crecientes dificultades para asegurar mensualmente la canasta básica familiar, mientras persisten los altos precios especulativos y abusivos en numerosos productos esenciales.
Previo al Congreso, bajo el lema «Fortalecidos, unidos y productivos», se realizó un amplio proceso asambleario desde la base hasta el nivel provincial, junto a varios talleres, donde se debatieron con franqueza los principales obstáculos que afectan el cumplimiento de los planes productivos y de comercialización. Entre estos desafíos destacan la política de precios, los retrasos en los pagos a los productores, las complicaciones en el acceso a servicios bancarios, la lucha contra las ilegalidades y la necesidad de fortalecer el apoyo a las cooperativas, las familias, las mujeres y los jóvenes del sector.
Un problema alarmante es el despoblamiento progresivo de las zonas rurales en ciertas regiones, lo que ha generado un éxodo hacia las ciudades, poniendo en riesgo la sostenibilidad del movimiento campesino y cooperativo.
Esta realidad se refleja, además, en la desaparición de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) debido a insolvencia económica, así como en la escasez de contadores y otros profesionales, muchos de los cuales han optado por empleos mejor remunerados en mipymes, cooperativas no agropecuarias u otros sectores.
Félix Duarte Ortega, presidente de la ANAP señaló que actualmente solo existen 807 CPA en el país, y la mitad de ellas no supera los 50 asociados. Décadas atrás había más de dos mil de estas entidades, las cuales hay que preservarlas como pilares de la propiedad colectiva de la tierra.
