El Segundo Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, iniciado este lunes en toda Cuba, no es solo una acción más en el calendario gubernamental. Es un reflejo de la urgencia por blindar la estabilidad social, proteger la economía y recuperar la confianza ciudadana en un contexto marcado por desafíos internos y presiones externas.
Bajo el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel, y con la participación activa del Partido Comunista, el Estado y organizaciones sociales, este ejercicio busca consolidar mecanismos de control que trasciendan lo reactivo para convertirse en políticas sostenibles. Como señaló hace un par de días Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político, el objetivo es «fortalecer la respuesta ante fenómenos que erosionan el orden interno». No se trata de una campaña fugaz, el plan será extendido hasta finales de 2025 con cuatro ediciones, evidencia una estrategia estructurada y a mediano plazo.
La clave de esta iniciativa radica en su enfoque multisectorial. La articulación entre instituciones estatales, el Ministerio del Interior y actores sociales es fundamental para atacar problemas complejos como la especulación, el narcotráfico o las irregularidades en proyectos de inversión. Cada provincia ha diseñado su plan, priorizando desde el control de precios en establecimientos privados (una demanda recurrente de la población ante la inflación) hasta la revisión de permisos de construcción, un tema sensible en un país con déficit habitacional.
La inclusión las organizaciones de masas en labores de «alerta temprana» subraya un aspecto crucial: la prevención comunitaria. No basta con sancionar; es necesario construir redes de vigilancia desde los barrios, donde la ciudadanía actúa como primer filtro contra las indisciplinas. Este modelo, aunque criticado por algunos por su posible intrusión, pretende democratizar la seguridad, aunque su éxito dependerá de la transparencia en su aplicación.
El ejercicio no solo apunta al delito tradicional. Uno de sus pilares es el combate a las ilegalidades económicas, como la especulación y los contratos opacos entre actores estatales y no estatales. En una economía en transformación, con un sector privado en expansión, la fiscalización de precios y proyectos (como los parques solares fotovoltaicos) es vital para evitar distorsiones que agraven las desigualdades.
Además, la lucha antidroga adquiere relevancia en un escenario donde el narcotráfico regional amenaza con filtrarse en las dinámicas locales. Cuba, históricamente con bajos índices de crimen organizado, no puede subestimar este riesgo.
Hasta el sábado 29 de marzo, las provincias reportarán avances y capacitarán a funcionarios, un gesto hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, el verdadero éxito se medirá en si la población percibe resultados tangibles, es decir: precios justos, menos burocracia en permisos urbanísticos o respuestas ágiles ante denuncias.
En un país donde la cohesión social es pilar ante adversidades, este ejercicio no es solo una operación de control. Es un intento por reforzar el vínculo entre el Estado y los ciudadanos, demostrando que las instituciones pueden y deben actuar ante los abusos. La corrupción y las ilegalidades, si no se contienen, minan no solo la economía, sino la legitimidad misma del sistema.
Cuba enfrenta un desafío doble: proteger su modelo social en medio de una crisis económica y contener prácticas que, de extenderse, podrían fracturar su tejido comunitario. Este segundo ejercicio nacional es un termómetro que mide nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas realidades sin sacrificar nuestros principios ciudadanos. Su rigor y alcance definirán si logra convertirse en un antídoto efectivo contra la desesperanza.
